Introducción

En nuestra América,la realidad visible de los estragos de la guerra, sus condiciones dramáticas y sus secuelas, abren paso a reconsideraciones sobre los escenarios que aparecen en la guerra, quizá no apreciados aún en toda su perspectiva. En este escenario se inserta “el desplazado”. El desplazado en la guerra puede considerarse desde la conformación de nuestra América o reflexionarse desde el ámbito de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Empero, es hasta la década del noventa cuando es estimado como un tema de interés público. Así, a fines del siglo XX comienza a ser considerado un problema de preocupación en nuestra América. Tratar de esbozar tal inquietud, requiere una aproximación conceptual al término “desplazado”, como también, dar cuenta de su devenir en el marco sociohistórico de la lucha de clases en la región, donde se perpetúa la condición de exclusión de este actor social.

A partir de estos antecedentes, como contexto donde se construyen las representaciones sociales del desplazado, nos propusimos avanzar  indagando la forma en que se integran las prácticas de exclusión ejercidas por la población receptora hacia el desplazado, en las representaciones sociales de este actor. Ello, en un escenario de nuestra América: Montería, Colombia, del año 2005 al 2007, lugar caracterizado por un lago proceso de conflictos que han generado el desplazamiento forzado de numerosos núcleos de población. Para lograrlo, se utiliza una metodología interdisciplinaria, partiendo de la propuesta teórica de la representación social como proceso de reconstrucción de la realidad a nivel psicosociológico. El referente teórico de la representación social introduce a los procesos de significación social del desplazado y sus prácticas.

La interdisciplina confluye en la utilización del discurso-testimonio como método. El discurso-testimonio permite estudiar el caso de Montería para poder concluir que, las prácticas sociales de exclusión ejercidas por la población receptora hacia el desplazado están enraizadas en las representaciones sociales de este actor, ya que, las representaciones sociales del desplazado como ente deshumanizado, funcionan tanto como marco de referencia para interpretar la realidad, como para orientar las acciones y las relaciones sociales entre desplazados y población receptora.

Además, encontramos que las representaciones sociales del desplazado están troqueladas por la ideología dominante. De esta manera, el desplazado pasa de convertirse en un signo visible de la guerra en un tributo de la persona, es decir, ya no es percibido como víctima de la guerra, sino que pasa a simbolizar la guerra misma.

Entre los resultados que arrojó nuestro estudio, ha quedado claro que, las figuras: desplazado /no desplazado, que se encuentran en oposición, son planteadas como fuentes de conflicto y asimiladas en un mismo significado, representado a través de una imagen “deshumanizada” del desplazado que orienta su exclusión del seno de la sociedad monteriana.

El desplazamiento en nuestra América

El desplazamiento en nuestra América surge en el entramado de la Guerra de Conquista. Ahí se presenta bajo la forma de dominio, en la lucha por el poder y la expansión territorial sustentada en el accionar bélico y represivo del español sobre el indígena. Los conquistadores españoles se apropiaron de las tierras y de las riquezas de los indígenas convertidos en “desplazados” al ser expulsados de sus tierras, y haber sido condenados al destierro y a la exclusión.

La Guerra de Conquista y Colonización obedecía a la “justa causa” argumentada por Juan Ginés de Sepúlveda, en una supuesta superioridad racial. Así, el conquistador se erigió sobre los negros, los indígenas y los mestizos. Al respecto, Leopoldo Zea (1978, p. 119) comenta, al referirse a la supuesta superioridad de los españoles y España sobre los indígenas y las comunidades con que se han encontrado los primeros en su expansión que: “deducida tal superioridad, será también deducido el derecho de los españoles a conquistar y a dominar a los indígenas. Porque, ¿cómo pueden compararse estos indígenas con hombres cuyos valores han dado origen a la cultura española?”.

Este sistema de dominación sobre el indígena, el negro y el mestizo era necesario instituirlo para mantener el orden social que España y Portugal estaban edificando en nuestra América. Era indispensable propiciar un orden donde la distribución económico-social implicara un tipo reparto que permitiera mantener una sociedad desigual. Con ello, se producen amplios grupos de excluidos desplazados por la fuerza.

La guerra ha acompañado el devenir de nuestra América, siempre hay una justificación para hacerla, lo que cambia son las prácticas bélicas, los medios y estrategias. Así, se acaba transformando la misma idea de la guerra, hasta adaptarla a formas contemporáneas, allí, donde la lucha de clases continúa vigente. Una clase que trata de asegurar las condiciones de lucha entre ella como clase opresora y la otra como clase oprimida, reproduciendo las condiciones dentro de las cuales pueda mantenerse la relación excluido/ incluido.

Dentro de estas luchas sostenidas a lo largo de la historia de nuestra América, encontramos a mediados del siglo XVIII, un orden colonial alterado por procesos revolucionarios tras la rebelión de los comuneros en la Gran Colombia, las rebeliones indígenas en el Alto y Bajo Perú y en Quito, las rebeliones negras en Venezuela, Panamá y Haití. La  cristalización de la lucha, entre españoles por un lado y criollos, negros, e indígenas, por el otro, llegó a desencadenar, ya en el siglo XIX, la guerra de independencia, resultado de un proceso emancipatorio que comprende el periodo entre los años 1804 hasta 1824, culminando con la separación de nuestra América  del dominio español.   

Sin embargo, la esperanza de instaurar un nuevo orden se evaporó bajo las bambalinas de las dictaduras criollas totalitarias y las burguesías liberales en el siglo XIX, conforme a la ordenación de grupos criollos oligárquicos y, en la otra parte social, el campesinado y los trabajadores compuestos por indios, negros y mestizos. En el siglo XX se pasa de una oligarquía criolla a las burguesías liberales y las burguesías nacionalistas, reproduciendo una estructura socioeconómica puesta al servicio del capitalismo, donde impera la desigualdad, la pobreza y la exclusión en nuestros pueblos.

De acuerdo con  Zea (1976, p.315):

En general las burguesías nacionalistas latinoamericanas del siglo XX seguirán la misma línea de conducta de sus antecesoras, las burguesías liberales del pasado siglo XIX. Esto es, subordinarán sus intereses a los de la gran burguesía capitalista, medrando a su sombra y haciendo depender su raquítico desarrollo del desarrollo e intereses de ésta.

La nueva conformación política de nuestros países, transcurre con el inicio de la Primera Guerra Mundial (Magallón, 2003, p. 16). Posteriormente, dos hechos marcan un hito en el desarrollo político e ideológico; la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana triunfante en 1959. La Segunda Guerra Mundial llevó al surgimiento, sucesivamente, de la ONU y la viabilización de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos. La proclamación de los Derechos Humanos funciona como garante para la humanidad y, especialmente, para aquellos que viven la guerra y sus secuelas. En la medida que se vuelven un problema humanitario los éxodos y desplazamientos forzados, a causa de la violación de los derechos del hombre que de esta guerra se originan; se comienza a promover  el respeto a los derechos para  figuras sociales como el  “desplazado” en  espacios de conflicto, tornándose el actor “desplazado” en un asunto humanitario para nuestra América y  el resto del mundo.

La posguerra consagró la expansión soviética en Europa y la norteamericana en varias regiones. Al tomar las fuerzas sociales y económicas otro orden, emprendemos otro período, el comienzo de la Guerra Fría, avistando el anticomunismo norteamericano expresado en las conferencias de Río de Janeiro (1947) y Bogotá (1948). Así, Norteamérica, con su concepción anticomunista daría el apoyo al viejo conservadurismo latinoamericano y a las dictaduras militares. Estas fuerzas imperialistas utilizaron el anticomunismo como bandera, y  apoyaron la contrainsurgencia en nuestra América, coadyuvando al fortalecimiento económico de los regímenes represivos y dictatoriales en el uso de la  violencia bélica. Todo ello, se hacía en aras de combatir el comunismo, pregonando una supuesta seguridad nacional. Esta guerra que se desarrolló en muchos países latinoamericanos generó desplazamientos forzados de familias, de personas y de grupos humanos que huían del conflicto bélico y del régimen del terror.

El triunfo de la Revolución Cubana motivó que en muchos países de nuestra América (como es el caso de Guatemala y otros países de Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur), se conformaran en los años sesenta, grupos revolucionarios que buscaban un cambio estructural de los sistemas socioeconómicos imperantes.

Como respuesta a estos procesos emancipatorios en nuestra América, las fuerzas hegemónicas instauraron dictaduras militares y actos de violencia desenfrenada que, a su vez, desencadenaron desplazamientos de grupos de población dentro de los países de origen y fuera de ellos, reduciéndolos a la condición de refugiados. La violencia inhumana, ejercida en las dictaduras militares, tiene repercusiones en los países del Caribe, en Centroamérica, y en los de Suramérica generando desplazamiento forzado de poblaciones que huyen del régimen del terror implantado por dichos Estados. Desplazadosque, en muchos casos, son militantes de las filas de oposición y en otros, son sólo civiles víctimas del conflicto. Tenemos así, el caso de Brasil (Benjamín y Mendonça, 1998, p. 58)  y República Dominicana (Álvarez, 2003, p.522).

En la década del setenta podemos observar en el panorama de nuestra América diversas formas de desplazamiento en las distintas regiones. Dichas formas de desplazamiento obedecen en algunos casos a la guerra sucia y, en otros, aunque se asocian a regímenes represivos, se dan en situaciones en donde no necesariamente hay presencia de combates o utilización de tácticas bélicas dirigidas masivamente. En estos casos, la táctica de desplazamiento es utilizada selectivamente, dirigida a aquellos opositores del poder que amenazan el status quo en la lucha de clases. Un ejemplo es el caso de Bolivia, (Viezzer, 1997, pp. 153-155) cuya realidad social a lo largo de los años setenta está matizada por desplazamientos de familias y personas, consecuencia directa de la represión. En ella, se utilizan elementos bélicos, coercitivos y persuasivos, hacia aquellos que se organizaban para defender sus derechos a través de los sindicatos principalmente de mineros.

En la década del ochenta, siguen los desplazamientos forzados asociados al conflicto bélico, fenómeno acompañado de la implantación del neoliberalismo en toda la región. Se inicia, así, el proceso de democratización política en el mundo, la desaparición de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y del régimen socialista soviético. Perú, en esta época, se caracteriza por una guerra que trae consigo miles de desplazados forzados, atemorizados, denigrados y excluidos socialmente (Ávila, D. 2007, marzo, p.31).

En la década del noventa del siglo XX, el Estado se adelgaza, a través de las políticas neoliberales incrementándose la pobreza, la injusticia y la exclusión social en nuestra América. En México se viven nuevas movilizaciones en oposición al orden social y esto desencadena, a su vez, desplazamientos. En este escenario, ante la defensa del capitalismo, sostén de la mentira institucionalizada del Estado mexicano, enmascarado bajo un Estado de derecho, el Ejército fue uno de los actores que generó desplazamiento en el sur del país (Giomar Rovira, 2000, p. 55).

Empero, aunque el desplazamiento ha sido un problema que forma parte del devenir histórico de nuestra América, es sólo hasta los años noventa cuando la acción de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) empezó una injerencia directa en la defensa de los derechos de los desplazados en la región. Así, asesoró directamente a países como Colombia, luego de ser declarado el desplazamiento interno asunto de interés público en el ámbito nacional, durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano, quien dictó por vía del Ejecutivo, la Ley 387 de 1997, concerniente al desplazado.

Sin embargo, la historia del desplazado en Colombia, podríamos estudiarla a partir de los conflictos suscitados en los años cuarenta. En ese entonces, debido a la desigualdad de distribución de poder y recursos materiales, surgieron grupos guerrilleros rurales de origen liberal, en contra de las fuerzas conservadoras. Además, la  expropiación de la tierra de los pequeños y medianos cultivadores dejó en esta época rezagos tales como genocidios y desplazamientos forzados.

En la segunda mitad del siglo XX,  bajo la presidencia del General Gustavo Rojas Pinilla, se llevaron a cabo iniciativas de paz con miras a la consolidación del Estado. As, se producen desmovilizaciones de guerrillas liberales y se declaró una ofensiva frontal contra las actividades del Partido Comunista a través de las “Columnas de Marcha”. Este tipo de guerra contrainsurgente se extiende hasta los años sesenta, años en los que se declararon las zonas pobladas por quienes disienten del gobierno como “Repúblicas Independientes”. El gobierno toma medidas represivas y acciones bélicas en su contra, apoyados con recursos de los E.U. En esta década del sesenta surgen grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el EPL y, en respuesta a estos levantamientos insurgentes, se lanza una contraofensiva:

Se gestó un modelo represivo que vendría posteriormente a desarrollar estructuras y métodos contrainsurgentes, pero también de operación  encubierta para la eliminación de la oposición política y social. El nuevo ciclo de violencia se inspiraba en la doctrina continental de Seguridad Nacional, que inauguró nuevas formas de militarismo transcontinental  en Centroamérica y América del Sur. (Cepeda y  Girón, 2005, p.91)

Cepeda y Girón consideran esta etapa como el inicio de la Guerra Sucia contemporánea en Colombia. A finales de la década de los sesenta se vieron nacer los primeros movimientos de autodefensa como estrategia del Estado. Este es en el inicio de la nueva modalidad de guerra de contra insurgencia. Esta modalidad se sostiene en los años setenta, con instauración del terror, desaparición forzada, secuestro, tortura, masacre, buscando con ello eliminar las figuras significativas de oposición y la desarticulación de las organizaciones de masas populares. A ello se añade otro fenómeno, el terrorismo de las nacientes “autodefensas” se alía con los cárteles de la droga. No obstante, la lucha social sigue. Y así, surge el Movimiento 19 de Abril (M19), en el año de 1974. En este escenario el desplazamiento aumenta, aunque no se tienen estadísticas sólidas de esta problemática.

En los años ochenta, el fenómeno adquiere una magnitud desproporcionada con la presencia de múltiples actores que hacen la guerra. El conflicto bélico es establecido en la confrontación de intereses entre quienes mantienen la estructura socioeconómica y los que luchan en contra de ella; más aún, cuando se comienza a vislumbrar la puesta en marcha del neoliberalismo y el neoimperialismo, también se exacerba la respuesta, frente a ellos, por parte de quienes quieren cambiar el orden. En este período proliferan múltiples organizaciones paramilitares en muchas regiones colombianas.

Ahora, debido a que son puestas al escrutinio de la mirada internacional tanto la vejación como la violación de los Derechos Humanos en Colombia, a lo que se suma la incredulidad de la población civil frente al Estado como garante de la seguridad y de sus instituciones en vías a la consolidación de la democracia, era necesario utilizar otra táctica de guerra dentro de los modelos de conflicto de baja intensidad; ésta es: la guerra psicológica. Guerra que, en los años noventa, acompaña el accionar bélico de los opresores. De acuerdo con Baró (2003) el objetivo de la guerra psicológica es obtener la victoria mediante el cambio mental del enemigo, desmoralizando al rival, convenciéndolo de lo inútil de la lucha social.

En la década del noventa, el panorama se ve teñido con otros espectros y múltiples desmovilizaciones con los siguientes casos: desmovilización del M19 en el año de 1990 y del bloque paramilitar Fidel Castaño durante el año de 1991; la desmovilización del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) también en 1991 y de la Corriente Revolucionaria Socialista (CRS) en el año de 1994. Paralelo a estos sucesos, se construye una nueva Constitución proclamada en el año de 1991.  A su pesar, la guerra sigue. En el año 1996, los grupos de autodefensas se agrupan dentro de un mismo movimiento nacional en la región de Córdoba, con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras este descalabro, miles de personas se ven forzadas a un proceso migratorio que imponen las AUC con miras a la consolidación territorial de carácter “antisubversivo”.

El terror y el miedo cobran vida en los espacios de socialización. Quienes sirven y velan por los Derechos Humanos se convierten en objetivo militar acusados de subversivos. Este hecho es una clara evidencia de que la guerra psicológica busca crear un clima de inseguridad en Colombia.

En la década del dos mil, la situación del conflicto bélico se exacerba: comienza un programa de Seguridad Democrática derivado del programa de Seguridad Nacional, las políticas económicas favorecen a los grandes capitales en detrimento de amplios sectores populares, las reformas siguen intereses privados particulares y la represión sigue un curso ascendente. Se firman acuerdos de paz como el de Santafé de Ralito, celebrado en Córdoba, desmovilizándose bloques paramilitares. Empero, el terror continúa, al igual que las desapariciones forzadas, las masacres, el empleo de la guerra psicológica y el cuadro de desplazamientos en el país llegan a generar situaciones críticas.

La etapa de los inicios del siglo XXI en el período comprendido entre los años 2005 al 2007, la dinámica del conflicto adquiere otras dimensiones, como es la institucionalización de la violencia arraigada en la sociedad y la promulgación de la Ley de Justicia y Paz. Debido a la complejidad del fenómeno, se delimita el estudio a la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. Esta zona es sitio de expulsión y receptor de población desplazada, fenómeno asociado a la larga historia de confrontación sociopolítica observado en la emergencia de grupos guerrilleros y paramilitares. Los grupos guerrilleros son: el Ejército Popular de Liberación (EPL) conformado a mediados de los años sesenta; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) que actuaron en Puerto Libertador y Tierralta durante la década del setenta y en los años de 1994 y de 1996; incursión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Pueblo Nuevo y San Andrés en los años ochenta. Por otra parte, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que luego se organizan en  el año de 1996 en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) constituyéndose en el principal organismo paramilitar de Colombia.    

El desplazamiento en Montería se dinamiza acorde con la expansión de un orden social que se ve cuestionado bajo la lucha de clases. Esta lucha subyace en la confrontación que se da por la expansión de un modo de producción por obtener  el control territorial y la tenencia de la tierra en el entramado de la guerra sucia y la guerra psicológica. Del año 2005 al 2007, los desplazados en esta ciudad, en su minoría, son indígenas y afrodecendientes y, en su mayoría, son mestizos quienes son catalogados como campesinos sin tierra, pequeños y medianos propietarios y jornaleros. Estas personas forzadas a un proceso de migración en el departamento de Córdoba buscan, en su mayoría, ir del campo a la ciudad, ubicándose en espacios caracterizados por el alto deterioro urbanístico en Montería. Además de su situación de pobreza, presentan otras problemáticas asociadas con otras formas de exclusión social. A esta situación, se suma la vulnerabilidad del desplazado por haber sido sometido a la violación de sus Derechos Humanos, despojo de sus bienes y desarraigo territorial.

Aproximación conceptual al término “desplazado”

El desplazamiento puede ser entendido como un elemento que caracteriza al ser  humano y que data desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días; este correspondía a la necesidad de locomoción y traslado que tenían los seres humanos como forma de subsistencia para librarse de las inclemencias del clima, la falta de alimento, la escasez de agua, etc.

Dentro de cada periodohistórico fueron cambiando las formas y causas de desplazamiento respecto a las problemáticas de cada época. No obstante, esta forma de desplazamiento, entendida como acto voluntario o natural del hombre, difiere del actor social, que se desplaza de forma no voluntaria en contexto de guerra, conflicto o desastres naturales; por lo tanto, comprender la emergencia del desplazado, quien migra no como resultado de su voluntad y en ejercicio de su libertad, sino por coerción y represión, implica una connotación y un sentido diferente en su génesis y construcción conceptual.

Lo que llamamos “desplazado” obedece a un constructo, producto de una categoría social elaborada por un sistema socioeconómico en favor de los intereses de clase. Constructo social, en tanto nace de las entrañas del capitalismo y el neoimperialismo. Las políticas neoimperialistas hacia afuera exhortan a nuestros gobiernos y favorecen condiciones para que en países como Colombia, el régimen adopte políticas genocidas que beneficien a los grandes capitales y empresas transnacionales. Ello deriva en el recrudecimiento de la guerra y la violencia, lo cual se manifiesta en malestar social.

 Ahora bien, para lograr avanzar hacia fines humanitarios que garanticen la protección de personas desplazadas al interior de cada Estado Nación, respetando la soberanía y la libre determinación de los Estados constituidos, la Organización de las Naciones Unidas y con ella el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, ponen el acento en el término “desplazado interno” utilizado en la actualidad, diferenciándolo del término refugiado. Este término, aparece debido a los desplazamientos masivos de población, desencadenados por conflictos sociopolíticos al interior de los Estados, iniciados tras el fin de la Guerra Fría en el año de 1990 en vías de la consolidación del proyecto neoimperialista.

Cuando la dinámica de la guerra, por efectos de la acumulación de grandes capitales redefine el cambio en el sistema de gobierno de la Unión Soviética y se inicia la consolidación de la política de Occidente, en especial durante las presidencias de Regan y Bush, resultó una nueva época de movilizaciones en las relaciones internacionales, dando un viraje a la dinámica migratoria.

De esta forma, las acciones internacionales en materia de Derechos Humanos pasa de cubrir y proteger a los refugiados --- víctimas de la guerra que cruzan las fronteras internacionales -----a  proteger a los desplazados dentro de su país de origen. Así, la aparición de la terminología del desplazado en el entramado social de la guerra, es utilizada ampliamente para denominar al desplazado como  “un grupo vulnerable que no ha pasado las fronteras nacionales” (El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2006, p. 153).

Por su parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1993) define al desplazado así: “ es ‘desplazado’ toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia y sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violación masiva a los Derechos Humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

        La ACNUR toma este concepto y hace un análisis de la normativa internacional en Derechos Humanos, el derecho humanitario y, por analogía, el derecho de los refugiados. En respuesta, añade que: “Millones de otros civiles que han sobrevivido a desastres naturales, como inundaciones, son también, generalmente considerados como desplazados internos”. (The Un Refugee Agency, septiembre 2006, p. 6).

           Es evidente que el origen o principio del término “desplazado”, como categoría social,  no se puede encontrar en la base etimológica o conceptual, sino en el conjunto de fenómenos sociales y económicos. Por tanto, para el análisis sobre la construcción de  la categoría social del “desplazado”, sería pertinente no sólo retomar la época durante la cual se utiliza el término de desplazado legitimado ya institucionalmente en la década del noventa. Empero, es necesario remontarnos a su existencia como actor social, teniendo, por lo tanto, como punto de partida la Segunda Guerra Mundial.

 La Segunda Guerra Mundial es el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración funciona como garante para la humanidad y  especialmente para aquellos que viven la guerra y sus secuelas. De esta declaración se puede deducir el surgimiento de los derechos para  figuras como el  “desplazado” en  espacios de conflicto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proporciona las bases en las que reposa la estructura sociopolítica de la libertad humana, de tal forma que es el proceso económico y social, la existencia de una estructura socioeconómica justa, lo que proporciona y garantiza el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

En el caso del capitalismo como sistema socioeconómico basado en  la explotación, acompañado de regímenes represivos, que generan condiciones de desigualdad, opresión y pobreza, reflejo de la exclusión en el mundo, son un frágil soporte para  poner en práctica los Derechos Humanos - y con ello se genera el nacimiento de figuras como el “desplazado” que hoy protagonizan la aguda crisis que vive Colombia.

En materia de los Derechos Humanos del desplazado, podríamos hacer referencia a lo promulgado por el Derecho Internacional Humanitario (dih) en el Art. 11, del Protocolo II del 8 de Junio de 1977. Adicional a las convenciones de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Éstos contienen una lectura que prohíbe explícitamente el desplazamiento en condiciones de conflicto interno. Ahora, en el caso colombiano, el documento COMPES 2804, sirvió de plataforma para desarrollar la política pública y medidas adoptadas para atender a los desplazados, la cual reza en la Ley 387 de 1997. A su pesar, la Ley 387 de 1997 no ha tenido una real ejecución. Así, el Tribunal Constitucional Colombiano, dictó una sentencia histórica que condena la política de gobierno como insuficiente e inconstitucional. Este hecho se fundamenta en que Colombia no tiene bases socioeconómicas que permitan viabilizar tal proyecto. Menos aún, cuando las condiciones ideales del capital para recoger beneficios, tener acceso a la materia prima y mercados abiertos, necesitan regímenes represivos, que mediaticen la guerra y a su vez generen desplazamiento. Además, estos regímenes que exhortan la guerra, van de la mano con programas de recuperación económica de puerta abierta a la incursión de capital extranjero, facilidades y disminución de aranceles a las transnacionales, venta y privatización de los bienes públicos del Estado, acuerdos para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio. Junto a todo esto, el Estado Colombiano cuenta con el apoyo de E.U. al Programa de Seguridad Democrática, con una fuerte inversión al Plan Colombia, en detrimento de la inversión social.

Es indispensable tener en cuenta esta trama socioeconómica para conceptuar el término “desplazado” en un escenario de guerra. En tal pretensión, diversos investigadores han utilizado términos que se pueden clasificar en cuatro categorías: La primera conceptualización se construye desde la teoría migratoria Nicholas Van Hear (1998) le llama migrante forzado, acentuando el análisis desde un estudio sociodemográfico, con flujos migratorios cambiantes a causa del orden político y económico. Tipificando, además, en dos categorías a los migrantes: migrantes forzados y migrantes económicos. En ésta línea de pensamiento está Julián Rebón (2001), quien considera el desplazamiento como una forma de migración civil, caracterizada por ser involuntaria y por producirse socialmente. Para el investigador el desplazado es considerado el resultado de un conflicto social.

La segunda categoría es la de desplazado interno, introducida por la ACNUR (2006) con el fin, como ya vimos de ejecutar acciones humanitarias destinadas a quienes se ven obligados a dejar su lugar de residencia habitual en escenario de guerra, violencia generalizada o desastre natural, dentro de un territorio nacional, respetando la soberanía de los Estados. Este término es construido para diferenciar al desplazado del refugiado, pues, las leyes que los regulan difieren en sus condiciones, como también, en los planes y programas de cobertura que ofrece para uno u otro grupo. La principal diferencia es que el refugiado ha tenido que migrar pasando las fronteras internacionales porque su vida e integridad física y psicológica está en peligro; mientras el desplazado no ha pasado la frontera nacional a pesar de que su vida también se encuentre amenazada o vulnerada en sus derechos esenciales.

Por otra parte, la diferencia sustancial entre las categorías, desplazado y migrante forzado, reside en que la primera es conceptualizada a partir del reconocimiento de derechos tutelados, como: la vida, la integridad física, la seguridad o libertad personal bajo situaciones de conflicto armado interno, disturbio, tensiones, violencia generalizada, violación masiva de los Derechos Humanos o infracción del Derecho Internacional Humanitario, dentro de un territorio nación. La segunda categoría, no alude a un espacio o escenario específico, la migración puede ser nacional o internacional; sus causas no sólo refieren al cambio de residencia por virtud  de persecución y amenazas, sino, también, a factores económicos, como búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Ahora, el concepto desplazado tiene implícito el acto de migrar o dejar el lugar de residencia o trabajo. Sin embargo, no se reduce a un fenómeno meramente migratorio, más bien, subyace en el reconocimiento de la dimensión de lo humano y específicamente de los Derechos Humanos de grupos y personas que viven en escenarios de guerra, conflicto armado y violencia generalizada.

La tercera categoría es la del desplazado forzado. El nombre permanece, pero cambia la adjetivación; esto no es azaroso, obedece a considerar el desplazamiento desde el  reconocimiento del uso de la violencia como causa del fenómeno. Además, introduce un elemento más para la estructuración del término, esto es, la utilización de la fuerza como instrumento de poder para ejercer la violencia sobre un actor social: “el desplazado”. Asimismo, se le despoja de la libertad que tiene para permanecer en su sitio de residencia. Negrete V. (1995) utiliza este término, acentuando en el proceso de desplazamiento desde una perspectiva histórica, haciendo los cortes acordes a los actores insertados en el escenario de violencia y las pugnas que sostienen. Empero, el autor desconoce las diferencias en el ejercicio de la violencia y las ubica en una misma significación; de esta forma, resulta igual si hablamos de la violencia como uso de la fuerza  ejercida por los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros o la violencia callejera. Este es un acto instrumental en la construcción de conocimiento sobre la violencia y es utilizado a su vez para conceptuar al desplazado forzado desde los intereses hegemónicos.

Entre otros autores, Zuluaga J. (1998, p. 27,28) destaca como causa de la emergencia del desplazado forzado en Colombia, dos variantes en el conflicto. A saber: la expansión y consolidación de la economía sumergida del narcotráfico y el clima de violencia generalizada en el que se desenvuelve la sociedad colombiana. Pécaut D. (1998, p.14) subraya los aportes de Hannah Arendt y hace una relación entre la tragedia del apátrida y el desplazado, encontrando como similitud la perdida de la trama social en la que han nacido, la pérdida del significado de la experiencia y la pérdida de los Derechos Humanos. En resumen, se trata de sujetos calificados como “los sin derechos”. Pécaut agrega que los desplazados pertenecen a una comunidad política y, además, no hacen parte activa del conflicto; su problema no se deriva de la raza o clase social, sino de su lugar de residencia. La postura del autor, si bien recrea de forma acertada las pérdidas que vive el desplazado, soslaya, por otro lado, la perspectiva de la cristalización de la lucha de clase en el devenir histórico de la violencia.

La cuarta categoría es, la de desterrado. A través de ella Molano A. (2000) pretende resaltar el despojo o desalojo por “justicia” de un territorio. Destaca en su estudio al desplazado inmerso en una sociedad dividida y determinada por los intereses de clase expresados en la posesión y utilización de centros de producción como la tenencia de la tierra. Así, es apreciable rescatar el aporte de Molano quien revela por medio de la crónica Desterrados, los intereses del capital, por los cuales el desplazado es víctima del sistema socioeconómico.

Estos trabajos aportan una conceptualización del desplazado desde una perspectiva fenoménica de los hechos sociales, ayudando a diferenciar los términos, sin caer en sinonimia o ingenuas ficciones para su estudio. Sin embargo, es necesaria una aproximación que dé cuenta de la definición del desplazado desde el conocimiento socialmente elaborado en la vida cotidiana. Es decir, se requiere responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles son las representaciones sociales del desplazado en un contexto de guerra? y ¿cómo se dan los procesos de representación social del desplazado?

Representaciones sociales del desplazado en Montería, Colombia

La representación social, entendida como conocimiento social, cobra vida en el discurso-testimonio, socializado en un espacio geográfico determinado y recreado en el ámbito relacional cognición-social. A través del discurso-testimonio como método (Oropeza Prado R., 2001)  se rescata la voz de los desplazados y otros actores sociales. Entre ellos, se encuentran: nueve desplazados militantes de movimientos sociales pro-desplazados, otros nueve desplazados no militantes y nueve personas catalogadas como población receptora. Todos habitantes de la ciudad de Montería, durante los años 2005 al 2007. Consecutivo a la sistematización de los datos de los testimonios, se accedió al análisis del contenido de las representaciones del desplazado a través del lenguaje.

Asimismo, acotaremos el contenido y los procesos para la elaboración de las significaciones sociales del desplazado, acorde a los postulados teóricos y conceptuales desarrollados por Moscovici S. (1961) y Denise J. (1984). Con base en ello, entendemos que la representación social del desplazado es concebida como un proceso. En esta perspectiva haremos alusión a la objetivación del conocimiento y el anclaje.

La objetivación del desplazado, como construcción de un cuerpo de conocimiento integrado a la vida cotidiana, hace real el esquema conceptual de este objeto a través del lenguaje como: sujeto en condición “deshumanizada”. Esta estructura conceptual del desplazado se emplaza en la imagen de un núcleo figurativo bipolar, así: el desplazado es relacionado con la carencia de características humanas, y su contrario, la persona no desplazada, se asocia con lo humano. Las diferencias entre el desplazado y el no desplazado son planteadas como fuentes de conflicto y asimiladas en un mismo significado.

Asimismo, el contenido de la representación social del desplazado de “deshumanizado”, construido como imagen de lo anormal, en términos de la población receptora, lo refiere en palabras como: “subnormal”. No es entendido desde la dimensión patológica, sino, como lo no deseable de la sociedad y su opuesto, es decir, lo normal, como lo deseable en la sociedad. De esta manera, se determina la normatividad de la sociedad como parámetro para designar y significar a las personas, así como también, para orientar sus prácticas de inclusión/exclusión.

Ahora, el núcleo figurativo bipolar (desplazado/ no desplazado, humano/inhumano) es una estructura de imagen que reproduce en forma manifiesta la estructura conceptual del desplazado como lo inhumano y lo deshumanizado. Por consiguiente, la población receptora utiliza esta estructura conceptual como si realmente fuera el desplazado y, por ende, consiguiendo el contenido representacional del desplazado un status de evidencia. Una vez considerado el significado de este actor como adquirido, integra el significado objetivado en la población receptora monteriana al sentido común.

En la vida cotidiana, la información que circula del desplazado hace referencia a: “no tienen  dignidad”. Dignidad, entendida como parte de la dimensión ética del ser humano. Ahí, podemos observar cómo el contenido representacional del desplazado corresponde a la cosificación como despojo humano; reconociendo en esta determinante del sentido común, la estabilidad del núcleo figurativo, confiriendo el estatus de marco de referencia e instrumento para orientar las percepciones y juicios sobre el desplazado.

A su vez, el objeto representado se incorpora en el marco de otras significaciones del desplazado; como ejemplo, tenemos en el testimonio: “el desplazado es ladrón y delincuente”. Esta información, ha sido construida selectivamente como conocimiento acorde a los valores sociales del grupo. La escala de valores está emparentada con la ideología dentro de los intereses de clase existentes en la sociedad monteriana. De esta manera, la ideología influye las representaciones, adjudicando al desplazado una identidad de guerrillero y, por derivado, criminalizando su conducta, llamándole “delincuente y ladrón”. De este modo, el trasfondo ideológico sirve a las necesidades, valores e intereses de los individuos, grupos e instituciones que detentan el poder, influyendo en las representaciones del desplazado.

La ideología del sistema imperante da elementos para identificar al grupo de oposición política, asociándolo a grupos guerrilleros. Así, quien se aleje de los valores del grupo en el poder, será etiquetado de subversivo (guerrillero), como es el caso del desplazado. La ideología no juega el papel de un conocimiento duro que puede construirse sobre un objeto. Sin embargo, la ideología atraviesa las representaciones sociales dando pautas para atribuir cualidades a un objeto o persona. Esto indica que hay representaciones sociales del desplazado influenciadas como expresión de una sociedad estructurada por ideologías dominantes o en el redoblamiento analógico de las relaciones sociales.

Es interesante observar que, además del papel que tiene la ideología en las representaciones sociales del desplazado, existen otros elementos que aportan en su construcción. En ese sentido, el contenido de la representación del desplazado se nutre del conflicto social, hecho evidente en la naturalización y el anclaje. El desplazado pasa de convertirse en un signo visible de la guerra en un atributo de la persona, es decir, ya no es percibido como víctima de la guerra o fruto de ella, sino, pasa a simbolizar la guerra. Por ello encontramos contenidos en la población receptora al referirse a los desplazados así: “son violentos y/o peligrosos”. Esto obedece a la relación dialéctica entre la objetivación y el anclaje, donde los múltiples significados de la guerra que tiene la población receptora, son apropiados en el lenguaje del grupo y adjudicados por el proceso de naturalización en el desplazado. Es decir, primero se incorpora al desplazado (objeto social) en las redes de significaciones y categorías preexistentes en la sociedad, asociándolo con la guerra; y, segundo, la población receptora identifica las relaciones reunidas en el modelo figurativo del desplazado, con una realidad objetiva materializada en el conflicto social.

El proceso de anclaje indica el enraizamiento social de la representación y su objeto es la inserción orgánica del desplazado dentro de un pensamiento constituido. Tal inserción orgánica alude al contenido representacional del desplazado en referencia a los valores de la población receptora. Es decir, en el pensamiento de la población receptora, se reconoce al desplazado no como un valor de referencia e identificación, sino como fuente de amenaza y diferenciación. Elaborando así, en el sentido común, la idea del desplazado como un peligro para la sociedad, descalificándole y excluyéndole.

En el enraizamiento social del desplazado como conocimiento social, se descubre la búsqueda de causalidad como un aspecto lógico del pensamiento social. La causalidad se da por atribución y por finalidad. De esta manera, se adjudica la causa de los problemas sociales al desplazado. La población receptora lo expresa así: “a Montería lo están acabando y es por culpa de esa gente”. El desplazado se convierte en la causa directa (chivo expiatorio) del malestar social en Montería.

Otro elemento que pone en obviedad el enraizamiento social de la representación social del desplazado, es la estructura urbana. El espacio geográfico en la ciudad de Montería está delimitado por los barrios periféricos donde habitan la gran mayoría de desplazados y por los barrios que conforman el centro de la ciudad, habitados por población no desplazada. Existe una representación socioespacial ampliamente compartida, donde el núcleo central es imaginado con todo lo positivo de la sociedad, relacionado a su vez con la clase privilegiada y una periferia connotada con lo negativo. Esta estructura urbana se enraíza en el imaginario colectivo y construye simbólicamente espacios incluyentes o excluyentes que inciden y orientan la relación entre desplazados y población receptora. Además, refleja y mantiene el orden social imperante dentro de la ciudad.

Dentro de las representaciones sociales del desplazado construidas por este actor, está el significarse a partir de lo que no tiene, lo arrebatado en la guerra; aludiendo a pérdidas materiales como: el trabajo, la tierra, el alimento y otras inmateriales como la pérdida de la dignidad y la paz. En el testimonio dicen: “somos los desposeídos”. El testimonio es resultado de la construcción selectiva de la información, donde se reconoce la perdida de capital por la fuerza de trabajo.

En el núcleo figurativo de esta representación del desplazado convergen objetos con palabras, palabras circunscritas en imágenes. Al poner en imagen la noción abstracta de la palabra desplazado, da una textura material a la idea. La imagen del desplazado está localizada por una línea divisoria diferencial, “los de  arriba y los de abajo”, el desplazado lo dice en palabras: “nos sentimos debajo de todo”. El núcleo es bipolar, hay un espacio ocupado por los de arriba y otro por los de abajo, hay un lado superior y uno inferior. Se dibuja la imagen de una división, el desplazado en el imaginario es ubicado en una posición espacio temporal inferior. En lo inferior, en lo de abajo, está el mal de la sociedad, lo no deseable.  Esta estructura gráfica se convierte en guión para interpretar la realidad social vivida en la ciudad y confiere el marco de referencia para orientar los juicios y percepciones elaborados socialmente  sobre el desplazado.

La configuración del núcleo figurativo funciona igualmente en los desplazados y la población receptora. Sin embargo, existen algunas representaciones sociales del desplazado que difieren, tal es el caso de las representaciones sociales que tiene el desplazado militante a diferencia del desplazado no militante.

Entre las diferencias, hallamos las siguientes: El militante, en contraste con el no militante, representa al desplazado por medio de la construcción de un yo social, amparado en el vínculo de la lucha como sustento de su identidad. El vínculo está simbolizado en la “sangre” y significa la cohesión grupal. Las palabras lo hacen visible: “los desplazados somos una misma sangre”. Otra diferencia es, el percibirse como gestor de cambio, contenido que emerge ante el contacto con lo novedoso y el sistema preexistente. Es decir, se trata de un conocimiento social donde las experiencias y percepciones del desplazado, lo conducen a una nueva visión, luchando por constituirse en categorías del lenguaje, introduciendo otro orden en el entorno y buscando transformarse en instrumento natural para mediar nuevas prácticas hacia el desplazado. Podemos decir que, el carácter de la lucha, genera nuevos marcos de referencia, los que a su vez, van en oposición respecto a las representaciones sociales preexistentes del desplazado. Esta dinámica se da como el enraizamiento de la nueva representación en el sistema de pensamiento preexistente.

Entre los contenidos representacionales comunes que tienen los desplazados militantes y los no militantes está: el reconocerse como trabajadores; asumiendo su identidad de acuerdo a la ubicación dentro de la jerarquía social y las relaciones sociales en la organización de la producción. Éste es un elemento clave que puede funcionar como toma de conciencia en un proceso liberador. No obstante, aunque en ambos casos reconocen la clase a la que pertenecen, sólo los militantes significan que son promotores de cambio social.

Otra representación social del desplazado, opuesta a la anterior, es la significación acorde a  la normatividad institucional. Hecho evidente en el reconocimiento del término desplazado  institucionalizado a través de la Ley 387 de 1997, en donde se define quién es, o quién no es desplazado. Aunque algunos desplazados no sean reconocidos institucionalmente, ellos asumen la vida desde este horizonte de sentido. Así, observamos el carácter autónomo de la representación social; pues, aunque exista la Ley que define al desplazado, es en el entramado de las relaciones sociales donde se construye la significación de este actor y donde la apropiación de la Ley es resinificada.

A manera de conclusión: Prácticas de exclusión enraizadas en las representaciones sociales del desplazado

Acorde a la teoría de la exclusión desarrollada por Rubio (2002) y Gil Villa (2002), se identificaron en el discurso-testimonio diversas prácticas de exclusión del desplazado, como son: la ruptura de vínculos y relaciones sociales; el aislamiento; la desigualdad; el rechazo y la vulneración de los Derechos Humanos. Estas prácticas se encuentran enraizadas en las representaciones sociales del desplazado en la medida que, el conocimiento social sobre el desplazado orienta la construcción de la realidad y conduce o guía las acciones sociales de la población receptora, determinando a quién excluyen o a quién incluyen.

La ruptura de vínculos y relaciones sociales entre los desplazados y la población receptora  tiene como soporte el miedo. El miedo media, como intercambio simbólico y material, las relaciones sociales establecidas entre los desplazados y la población receptora. De tal forma, funciona como eje de ruptura vincular entre los grupos sociales. En primera instancia, se observó que el miedo en la población receptora es asociado a la desconfianza y a la búsqueda del enemigo, hecho que deriva en acciones guiadas a poner límites rígidos en el contacto social con el desplazado. Segundo, el quiebre vincular, efecto de la experiencia de miedo, es cristalizado en actitudes paranoicas que funcionan como mecanismos de supervivencia en contextos hostiles donde peligra la vida. Tercero, la guerra psicológica, específicamente la inducción del miedo como táctica de terror, moviliza ciertos comportamientos en la población receptora, como: restringir al desplazado en la participación de espacios políticos, sociales y laborales. Cuarto, el miedo experimentado por los desplazados se correlaciona con formas de interacción social, donde la violencia se constituye en un agente socializador; elemento alusivo en el testimonio: “salimos de recibir golpe y llegamos a recibir golpes”. El “golpe”, como práctica social, significa la violencia materializada y genera ruptura en las relaciones sociales.

Así, el miedo, como intercambio de las relaciones sociales, imposibilita la inserción del desplazado en las actividades cotidianas y espacios socializadores en la ciudad. Esta práctica social está enraizada en las significaciones sociales del desplazado, ya que se representa al desplazado como un “sujeto deshumanizado”, “un ser peligroso, violento”. El peligro es asociado a la presencia del desplazado, suscitando sentimientos de miedo en la población receptora. El miedo, como emoción que acompaña la significación del desplazado, conlleva a retirar el objeto que produce el malestar. De esta forma, son inducidas prácticas de exclusión como la pérdida de contacto y disminución de la interacción entre desplazados y población receptora.

El marco de referencia “peligroso, violento, sujeto deshumanizado” es producto de una construcción selectiva acorde a los valores del grupo. La dinámica funciona de tal manera que se retiene la información del desplazado que concuerda con el sistema de valores de la población receptora y así se orientan las prácticas excluyentes. Este proceso es sistemático en la medida en que el contenido representacional del desplazado: “ser violento, peligroso”; se traslada, en Montería, hacia los espacios socializadores, donde converge el desplazado y la población receptora; asociándose el espacio con la violencia y el peligro. Es decir, la inserción orgánica de un pensamiento construido funciona de tal manera que, la identificación y significación del objeto social pasa a ser parte de la significación del espacio de socialización.

En esta misma lógica social, el desplazado es aislado, vulnerándole sus derechos humanos y situándole en lugares periféricos de la ciudad. La distribución geográfica del área urbana es el resultado del devenir histórico del desplazado en la guerra, pues, los grupos paramilitares, como brazo del Estado, han venido desterrando a este actor social, ocasionando una migración forzada hacia la ciudad de Montería. El desplazado llega a la cabecera municipal a formar invasiones (espacios conocidos técnicamente como barrios subnormales) y, en otros casos, ocupan predios adjudicados a través de la Reforma Agraria, bajo condiciones deplorables del uso del suelo. El lugar de residencia: asentamientos subnormales, ocupados por desplazados, están  ubicados en la periferia de la ciudad, indicando el aislamiento de este grupo en la distribución del espacio urbano impuesto por la población receptora. La localización geográfica, delimita quien está dentro y fuera del juego social, ya sea, ubicado en el centro (población receptora) o la periferia (desplazados). Igualmente, la ubicación de un grupo en el espacio urbano, sirve de parámetro para designar quién es una persona deseable socialmente y quién debe ser aislado, convirtiéndose el desplazado en el no deseado.

Despedir súbitamente al desplazado por su condición o negarle el empleo, está enraizado en el contenido representacional del desplazado de “Violento = guerrillero”. Representación que se da como resultado de un proceso en el que, el desplazado pasa de convertirse en un signo visible de la violencia en la guerra, en un atributo de la persona. En el caso colombiano, la guerra es adjudicada a los guerrilleros en una clara referencia de la ideología dominante. Podría decirse que la construcción de conocimiento sufre una distorsión significante, pues, el desplazado se recupera en la imagen de la población receptora a partir de los intereses de clase y es establecido por la ideología de quienes detentan el poder. A su vez, el contenido representacional del desplazado como guerrillero, entra en contradicción y oposición con el proyecto político de la población receptora, condenando y expulsando al desplazado del seno de la sociedad.

La situación de  pobreza en que vive el desplazado es muestra de la desigualdad en la ciudad de Montería. La pobreza abordada en su aspecto subjetivo, está enraizada en la construcción socialmente elaborada por la población receptora, expresado así en el testimonio: “el desplazado sí está así en la pobreza, es porque quiere”. Esta aseveración obedece al conocimiento elaborado de la realidad y el desplazado desde un juicio de valor que es objetivado y anclado en las características de personalidad que se le adjudican al desplazado. Así, se utiliza, como marco de referencia, la personalidad que le han adjudicado al desplazado para justificar lo injustificable: su estado de pobreza. Este conocimiento es troquelado por la ideología y es refractario de la realidad, desconociendo la pobreza como consecuencia de una estructura socioeconómica.

De igual forma, la condición de pobreza del desplazado deriva de significaciones que aluden a la incapacidad laboral del desplazado por su bajo nivel educativo, situación acuñada en la frase: “no sabe hacer nada”. Conocimiento, resultado de la distorsión-significante que sirve a favor de los intereses de un grupo sobre otro. Llevada a  la práctica social, ésta significación induce a la no contratación del desplazado.

Otro elemento importante a considerar es que, la oportunidad de estar dentro del juego de integración laboral y económica, no sólo depende del enraizamiento de las representaciones sociales  del desplazado, sino de la estructura socioeconómica dentro de un proyecto neoliberal. En esta instancia, podría decirse, hay representaciones sociales, como lo acuña Jodelet, que nos tocan hechas o que atraviesan a la población receptora y al desplazado. Estas representaciones sociales  son aquellas que impone una estructura socioeconómica a través del Estado. Empero, aun en este caso, el reparto social, el desplazado, la población receptora y la sociedad en general, interpretan, significan y re-presentan al “desplazado”, como objeto de conocimiento social, en un contexto de guerra, a partir de la estructura socieconómica mediada por el Estado, pero de forma dinámica y compleja.

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