Ese “espacio de respiración libre” en donde se respetan y garantizan los derechos fundamentales y se cree en el principio democrático y la tolerancia hacia las plurales manifestaciones de creencias y opiniones que, como un oasis de salud cívica y moral, ha sido Europa en los últimos años, pareciera sometida al renovado mito de su rapto, ahora en ofrenda y tributo al nuevo becerro de oro de los mercados y los intereses financieros. Los formidables instrumentos jurídicos e institucionales del Tratado de Lisboa no acaban de utilizarse con una voluntad política decidida al servicio de la ciudadanía y por ello supone una reforma truncada de la Unión Europea. Hay que rescatar la idea de ciudadanía europea y el valor de los principios de solidaridad y subsidiariedad que han vertebrado el gran proyecto europeo. Para ello es imprescindible la participación de la sociedad civil y el protagonismo renovado de los ciudadanos europeos que creen en el proyecto común por encima de intereses mezquinos e insolidarios. Los municipios pueden ser una plataforma fundamental de esta recuperación de la ciudadanía europea y de aplicación de las políticas comunes, que básicamente en ellos se realizan. En este sentido también los parlamentos autonómicos y las regiones de la Unión Europea, deben vigilar la aplicación del principio de subsidiariedad desde el mismo el interés general del pueblo europeo.