Introducción

Actualmente, la tasa de desocupación, de la pobreza e indigencia, la criminalización de la protesta social, la represión a ciertas manifestaciones sectoriales han ido decreciendo, por un lado, y por otro, los juicios de lesa humanidad han continuado, se ha legislado en materia de salud mental y también el matrimonio entre personas del mismo sexo, se está actuando contra la explotación del trabajo esclavo y la trata de personas, se está beneficiando a los sectores más vulnerables, es decir, los ancianos y los niños con medidas sociales. Esto es debido a que el gobierno nacional se ha visto en la necesidad de regular a la sociedad, pero desde el Estado de Derecho. Si bien la efectividad de las medidas no abarca a la sociedad entera de manera inmediata, es notorio que la decisión política está orientada a fortalecer al Estado no en función de sumarse a las ganancias de un mercado, sino desde la función de regular la distribución de ingresos interviniendo en el mercado y en la sociedad.

Lo señalado configura el disciplinamiento argentino de su Estado y de su sociedad. Lo fundamental es que existe un conocimiento que circula gracias a la voluntad de una sociedad civil que agrupa y reconstruye un tejido social, y a una política de gobierno que permite y alienta a que los distintos grupos sociales tengan voz e incidencia en la vida pública. Esta emergencia y amplia puesta en circulación de conocimientos, al menos en algunas provincias del país, es promovida desde la agenda política, por parte del gobierno nacional, sobre algunos de estos conocimientos que se refieren a la violación de los derechos fundamentales en la Argentina.

Así como Foucault abordó la sexualidad para analizar las diferentes formas de moral que el hombre se da a sí mismo cuando la conducta sexual se toma como entidad por pensar, o cuando abordó la locura para describir las formas de racionalidad que el hombre construye para dirimir el campo de lo normal con lo anormal, la razón de la locura; nosotros abordamos el campo de los derechos humanos no para describir al ser argentino en términos de qué tanto goza o en cuánta medida son vulnerados sus derechos fundamentales, sino para analizar y caracterizar los mecanismos subjetivos que el ser argentino aplica a los otros y a sí mismo, para gobernarse. Es decir, cuáles son las estrategias y técnicas/tecnologías dentro de la gubernamentalidad que los ciudadanos argentinos utilizamos y que nos permiten distinguir y describir el uso reflexivo que hacemos de nuestra moderna libertad.

El saber hacer y el conocimiento acerca de los derechos humanos acumulado durante los últimos 50 años en Argentina, disciplina a los individuos, gubernamentaliza a la población, como así también refiere a los modos de constitución de los sujetos, es decir, las prácticas, técnicas o mecanismos que respectan a los procesos de subjetivación de los argentinos. Sobre esto es lo que se ha ido analizando a través de los capítulos precedentes. Creemos que cuando Foucault afirma que: “Pues bien, entre esas dos posibilidades, entre esos dos temas (el de una historia de las mentalidades y el de una historia de las representaciones), lo que procuré hacer es una historia del pensamiento. Y al hablar de pensamiento hacía alusión a un análisis de lo que podríamos llamar focos de experiencia, donde se articulan unos con otros: primero, las formas de un saber posible; segundo, las matrices de comportamientos para los individuos; y por último, modos de existencia virtuales para sujetos posibles. Formas de saber, matriz de comportamientos, constitución de modos de ser del sujeto” (Foucault, 1983a); nosotros nos aproximamos, en la indagación de los derechos humanos, cómo un dispositivo nos permite pasar del análisis de la gubernamentalidad hacia los modos de constituirse como sujetos en un contexto determinado. Los derechos humanos en la Argentina configuran un foco de experiencia en el que se han configurado numerosos y múltiples sentidos en los ciudadanos.

Introducción a la libertad argentina

Nuestras libertades fundamentales se dirimieron, en gran parte, en el campo de la acción de la justicia. Esto es aceptar el hecho de que los ciudadanos argentinos estemos proclives a formar parte de las características de la estructura y forma de todo lo que implica, promueve y reproduce el sistema de derechos, y más precisamente, el sistema judicial. No son absolutamente todas las libertades las que se dirimen actualmente en la esfera judicial. Pero la relación existente entre 40 millones de argentinos y las estadísticas en términos de distribución de ingresos y de análisis psicosociológicos de la cultura argentina, puede caracterizar el uso de la moderna libertad y a los procesos psíquicos con que dotamos a nuestra existencia social argentina. No es que el foco de la experiencia sea la libertad argentina y las formas y significados que se le otorgan, sino que, a eso que se llama derechos humanos, permite distinguir los procesos subjetivos involucrados en la experiencia en términos de gobernarse como población y como individuos. Es posible para nosotros, según esta experiencia, caracterizar la modernidad en el caso argentino, sobre la base de su particular haz: la libertad, a eso que llamamos libertad, según nosotros.

Foucault propuso una metodología de abordaje al sujeto moderno y es ésta laque hemos ido desarrollando; a saber:“El estudio del eje de la formación de los saberes es lo que intenté hacer en particular con referencia a las ciencias empíricas de los s. XVII y XVIII, como la historia natural, la gramática general, la economía, etc. Había que tratar no de analizar el desarrollo o progreso de los conocimientos, sino de señalar cuáles eran las prácticas discursivas que podían constituir matrices de conocimientos posibles, estudiar en esas prácticas discursivas las reglas, el juego de lo verdadero y de lo falso y en general, si se quiere, las formas de veridicción. Segundo, las matrices normativas del comportamiento. El desplazamiento no consistió en analizar el Poder con mayúscula, y ni siquiera las instituciones o las formas generales o instituciones de dominación, sino estudiar las técnicas y procedimientos por cuyo intermedio se pretende conducir la conducta de los otros. El desplazamiento consistió en lo siguiente: pasar del análisis de la norma al [de] los ejercicios del poder; y pasar del análisis del ejercicio del poder a los procedimientos, digamos, de gubernamentalidad. Tercero y último, se trataba de analizar el eje de constitución del modo de ser del sujeto. En vez de referirme a una teoría del sujeto, me pareció que había que procurar analizar las diferentes formas mediante las cuales el individuo se ve en la necesidad del constituirse como sujeto. Y, con el ejemplo del comportamiento sexual, traté de ver cómo y a través de qué formas concretas de relación consigo, el individuo se había visto ante la experiencia de constituirse como sujeto moral de su conducta sexual. Pasar de la cuestión del sujeto al análisis de las formas de subjetivación, y analizar esas formas de subjetivación a través de técnicas/tecnologías de la relación consigo mismo o, si lo prefieren, de lo que puede denominarse pragmática de sí” (Foucault, 1983a). Por lo que podríamos afirmar que, los mecanismos de relación entre los diversos sectores de la elegida experiencia Argentina en cuestión y que hemos ido describiendo a lo largo del presente trabajo, constituyen técnicas o tecnologías de la relación con uno mismo y también de relación con los demás. No intentamos ir hacia una teoría del sujeto a través del análisis de los casos que nos brinda la jurisprudencia nacional e internacional, o de adjetivar las conductas que llevan las formas de organizaciones no gubernamentales, es decir, sustancializar al sujeto argentino en términos de derecho, o moralizarlo según su dedicación solidaria. Más bien, hemos intentado caracterizar los procesos de subjetivación que se han ido conformando y consolidando a lo largo de la última época en la Argentina.

Los derechos humanos constituyen un dispositivo de seguridad dentro de la gubernamentalidad y también, que la presencia de agencias operativas claves, como la civil y la judicial, constituyen a la economía política de la población argentina cuando ésta hace uso de la moderna libertad. También afirmamos que la desocupación, la precarización del trabajo, la criminalización de la pobreza y de la inmigración, la judicialización de la protesta social, el abuso infantil, la violencia de género, la violencia policial y militar institucional y los pactos políticos con sectores financieros, fueron la estrategia política de los sectores que se impusieroncomo el poder, ejercieron la fuerza material y simbólica, y expropiaron recursos humanos y materiales. Creemos que de alguna manera se ha logrado, como intentó Foucault: “sustituir la historia de los conocimientos por el análisis histórico de las formas de veridicción, sustituir la historia de las dominaciones por el análisis histórico de los procedimientos de la gubernamentalidad, y sustituir la historia del sujeto o la historia de la subjetividad por el análisis histórico de la pragmática de sí y las formas adoptadas por ella: esas eran las diferentes vías de acceso mediante las cuales intenté circunscribir un poco la posibilidad de una historia de lo que podríamos llamar experiencias” (Foucault, 1983a).

En la Argentina, la experiencia de la detención y desaparición de miles de personas, a través de un plan sistemático organizado por quienes detentaron el poder estatal durante la dictadura, y la experiencia de expropiación de miles de sus recursos humanos, materiales y simbólicos también durante las décadas siguientes, por medio de la complicidad civil y de los funcionarios públicos, hacen que enfoquemos a los derechos humanos como entidad muy compleja en cuanto constituyen una problematización para la economía y la política actual; como lo muestra la preocupación difusa de la sociedad en general por “la seguridad” de los ciudadanos, o por “el clientelismo” que se establecen desde los planes sociales, o por la “inmoralidad” de la prostitución o el aborto. Pero, los derechos humanos, ofrecen la posibilidad de caracterizar la condición que hay para los argentinos en hacer uso de las instituciones y valores culturales. El aumento de la judicialización de muchos de los aspectos sociales de la Argentina, se ha hecho una práctica común, tendencia política homogeneizante, del ejercicio del poder, en términos de la dominación y regulación en nuestro territorio, de nuestros recursos y de nuestras prácticas sociales.

Como bien dice Foucault(1978), “todas las grandes máquinas disciplinarias (cuarteles, escuelas, talleres, y prisiones) son máquinas que permiten cercar al individuo, saber lo que es, lo que hace, lo que puede hacer, dónde es necesario situarlo, cómo situarlo entre otros. Las ciencias humanas son, también, saberes que permiten conocer qué son los individuos, quién es normal y quién no lo es, quién es razonable y quién no lo es, quién es apto y para qué. La importancia de la estadística es que permite medir cuantitativamente los efectos de masa de los comportamientos individuales. Además, es preciso añadir que los mecanismos de asistencia y seguridad, así como sus objetivos de racionalización económica y estabilidad política, tienen efectos individualizantes; hacen del individuo, de su existencia y de su comportamiento, de la vida, de la existencia no sólo de todos, un acontecimiento que es pertinente, que es incluso necesario, indispensable para el ejercicio del poder en las sociedades modernas”.

A partir del análisis del conocimiento producido en materia de derechos humanos, ha sido posible determinar la maquinaria disciplinante argentina, y caracterizar a los mecanismos de racionalización económica y estabilidad política que tienen, tanto efectos individualizantes, como de masa, es decir su racionalidad gubernamental. Y no sólo consideramos como determinante a estos mecanismos en la relación con uno mismo y con los otros en el juego de las relaciones de poder a partir de entonces, sino también por estar fundamentados por la normalidad en términos estadísticos de tales comportamientos nítidos, o modos de producción subjetivos en la Argentina de los últimos años. Además, estos números de la represión, de la situación de las prisiones, dela trata de personas, de muertes no naturales, de la violencia policial, de la inactividad judicial o sobre actividad, del trabajo en negro y esclavo, no son del orden de la apoteosis, de los pequeños exabruptos, o de las grandes crisis; sino todo lo contrario, tales índices son estables, crónicos y hasta de índices crecientes sobre todo en algunas décadas. Por lo que incita a reflexionar y analizar en términos históricos sobre nuestra estructura axiológica que regula estos valores.

Las estadísticas de los informes publicados por parte de los diversos organismos de derechos humanos permiten, a nuestro entender, el análisis cualitativo de las relaciones de poder. Los conocimientos producidos por los mismos tienen alcances inigualables a nivel social, político y jurídico internacional. Además, no sólo los consideramos como material que caracteriza al disciplinamiento del individuo a nivel corporal y que indica la gubernamentabilidad de la población, sino también, como amplificador de nuestros modos de constituirnos como sujetos.

Alfredo Grande (2002), en su “psicoanálisis implicado” afirma que en la actualidad hay un modo yoico de producción de subjetividad el cual mantiene unido a la Realidad con el Deseo en una relación no contradictoria, es decir, una unión profundamente ética. La lógica del deseo, dice él, organiza los modos yoicos de producción de subjetividad. Lógica que se ordena según la tensión entre el Yo y el Ideal del Yo, denominada sentimiento de autoestima, la cual permite al sujeto, cuando la distancia de éstas es considerable, tolerarse y amarse sin tener que pedir perdón. Es decir, que la cercanía entre el Yo y el Ideal del Yo permite cierta alegría por el deseo, pues responde más a un fundamento deseante que es proclive a la descarga; y no a una alegría por el mandato que en realidad es manía, cuando la brecha es grande, que es proclive a la contra carga. La primera alegría, responde a una gloria “hacer lo que se quiere” y la segunda, a una mediocre resignación de “querer lo que se hace”. Con la aclaración de que hacer lo que se quiere no es hacer cualquier cosa:es fiesta, no carnaval, dice Grande. El modo yoico que permite la esperanza, los proyectos, los anhelos, es aquel que establece alianzas fraternas y que prolonga las demandas del Ello, para el cual la Realidad no es ni sometida ni dominadora. La lógica yoica produce creencias, y la lógica superyoica (aquella que funciona más con los mandatos del Ideal del Yo) produce certezas, ya que su génesis está en la amenaza de castración. Castración que una vez fue consolidada a través del paso por el complejo de Edipo y su declinación. Su eficacia tiene que ver no con el anuncio de un castigo, sino con castigar con la manipulación de la amenaza (función de la contra carga). Ésta es el castigo mismo ya que es fundadora de la estructura deseante: la declinación del deseo –incestuoso- por la madre y el padre, estructuran nuestra mente en tanto sujetos deseantes, a partir de lo que una vez y para siempre fue prohibido y perdido, pero no por eso abandonado y olvidado.

De aquí que Grande puede afirmar que: “los desocupados han logrado subvertir el fundamento culpógeno que somete a los sujetos a los diversos sistemas de dominación que la sociedad capitalista organiza. Quizás la metapsicología del piquete tenga que ver con la consistencia, coherencia y credibilidad de las alianzas fundantes de la vida que vuelven a ser el motor de las historias. Los porcentajes de los desocupados operan como amenaza de desocupación sobre los que aún tienen cierto grado de narcisismo laboral. El sujeto no se constituye como ‘ser en falta’, sino como ‘existente de la amenaza’. El modo superyoico de producción de subjetividad captura toda la producción deseante. El objeto del deseo pasará a ser oscuro, peligroso, contagioso, escaso” (Grande, op. cit.).

Si el objeto del deseo en esta cultura de mercado lo constituye el trabajo, como tantos otros objetos deseables, la carga sobre éste con base de una identificación más estructurante con el Ideal del Yo (modo superyoico de subjetividad), produce sentimientos de culpa, de castigo, de renuncia, de amenaza, de sacrificios. El Ideal del Yo transforma en su contrario el plus de energía destinado a su objeto catectizado, es decir, que la contra carga recae en el yo cuando el trabajo (o el salario) sufre la prohibición como objeto del deseo. Y si el trabajo es un objeto escaso, el desearlo tiene su precio. “Freud dice que cuando el Estado se opone a la violencia no es para prohibirla, sino para monopolizarla. El periodo de latencia es el proceso de institucionalización del Estado en nuestra subjetividad inconsciente. ¿Qué mejor represión que la que nosotros mismos ejercemos sobre nosotros mismos? Armamos nuestras propias fuerzas de seguridad intra psíquicas que nos previenen de los enemigos exteriores e interiores. Aquellos que no podrán provocar nuestros deseos” (Grande, op. Cit.). Lo que significa que en la cultura represora y de la ley (no de la ley legal, sino de la ley que estructura el modo de producción yoica), y no de la represión y de la prohibición; se requieren mecanismos que aseguren comportamientos que no sólo repriman el deseo, sino en los que se desee represión. Gilles Deleuze, en su crítica al mito de Edipo, instaurado éste en el psicoanálisis como eje central, dice algo parecido cuando afirma que “la producción social es tan sólo la propia producción deseante en condiciones determinadas. Incluso en las formas más represivas y más mortíferas de la reproducción social son producidas por el deseo, en la organización que se desprende de él bajo tal o cual condición que debemos analizar” (Deleuze, 1972).

Así se ha estructurado nuestra lógica del deseo. Represión, secuestro, muerte, negación, investigación frustrada, denuncia, movilización, negación, complicidad, solidaridad, procesos, indultos, penas. “Cuando el sujeto adquiere la más completa convicción de que la única forma de vivir es morir un poco todos los días, el Super Yo (hijo de la declinación del Edipo, estructura consolidada a partir de la identificación con el Ideal del Yo) comienza a disfrutar de su triunfo. Es la crónica de una muerte anunciada. Anunciada por los ideólogos de los sistemas de dominación que nos hablan de los desocupados, mercados emergentes, reconversión de la economía, chicos de la calle, riesgo país, costos social del ajuste. Formas encubiertas de hablar de los genocidios de baja y mediana intensidad” (Grande, 2002). Y agrega en otro párrafo: “El contrato social tiene su versión flexibilizada y contable, y tiene como objetivo el genocidio financiero. Los honrados funcionarios que aseguran la continuidad jurídica del Estado, aunque nada les importe la continuidad biológica de las personas. Por lo tanto, tampoco habrá continuidad psicológica-social” (Grande, op. Cit.).

Por lo que entendemos que la unión entre la Realidad y el Deseo no es contradictoria en sí (que la primera se impone a la segunda, o que ambas otorgan diferentes sentidos a la vida); sino que es productora de modos de funcionamiento psíquico que permiten mantener la tensión entre el yo que desea y el yo que obedece. La tensión yoica (producción de subjetividad), no está entre la ley y legalidad, sino entre el impulso y la norma, entre la dignidad y la represión. No es que unos mecanismos y deseos van a parar al inconsciente y otros son conscientes; más bien son todos mecanismos inconscientes que aseguran la estabilidad del yo debido a la tensión fundante entre el objeto del deseo (oscuro, escaso, difuso) y lo que la realidad dictamina como posible y permitido para desear (con culpa, con desvalorización, con amenaza), en este ejemplo; el trabajo. “Como dice Reich, lo sorprendente no es que la gente robe, o que haga huelgas; lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga” (Deleuze, 1972).

No observamos a estos mecanismos subjetivos y movimientos de la población argentina como síntomas de sólo un trauma social vivido años atrás, sino más bien como potenciadores y productores de una particular manera de gobernarse a uno mismo y a los otros, caracterizada como perversa, cuando la libertad es practicada. No son dinámicas sobre las cuales hay un sentido que interpretar, sino modos de funcionamiento sobre los cuales hay que intervenir. No es el malestar en la cultura por diagnosticar, sino el establecer qué se está haciendo mientras tenemos conocimiento de los índices del tipo de administración de la vida, de los estilos de muertes que generamos, los desocupados que mantenemos, las niñas y niñas que perdemos.

Lo que sabemos

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en su página oficial1 tiene publicado los índices de empleo y de desocupación, entre otros. Por un lado, no es casual que muchas de las publicaciones tengan datos que comienzan desde el año 2003, inicio del gobierno del ex presidente de la nación Néstor Kirchner, y que la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con el plan político. La cuestión es que se quiere resaltar una diferencia de estos gobiernos con los anteriores. Por otro lado, tampoco es casual que la tasa de desempleo haya descendido, ya que en conjunto han estado aplicando medidas que de alguna manera la Argentina que hemos venido describiendo y analizando, las necesita. Al primer trimestre del 2003 la tasa de desocupación de los conglomerados urbanos (aquellos de más de 500 mil habitantes) fue de 20,4%, al primer trimestre del 2004 fue de 14,4%, al primer trimestre del 2005 fue de 13,0%, al primer trimestre del 2006 fue de 11,4%, al primer trimestre del 2007 fue de 9,8%, al primer trimestre del 2008 y del 2009 fue de 8,4% y al primer trimestre del 2010 fue de 8,3% llegando al 7,3% al último trimestre de 2011. El porcentaje de los aglomerados del interior, sin contar con Gran Buenos Aires, rondan estadísticas similares. Van desde el 18,8% de desocupación en el 2003; pasando por 14,1% al 2004; 11,1% al 2005; 10,0% al 2006; 8,3% al 2007; 7,7% al 2008; 8,3% al 2009; 8,1% al primer trimestre del 2010 finalizando en 6,4% en este año.

Hay otras publicaciones que se guían por otras fuentes, cual puede ser el de la C.I.A. World Factbook.2 Si bien los índices no son exactamente los mismos, es reconocible el notable descenso de la tasa de desempleo. Indica, esta fuente, un 21,5% de desempleo al 2003, un 17,3% al 2004, un 14,8% al 2005, un 11,6% al 2006, un 8,7% al 2007 y un 8,9% al 2008. Las políticas públicas que están llevando a cabo los gobiernos de los Kirchner, implicarían la posición activa del Estado frente entre determinados sectores sociales. No sólo frente a los más desamparados o abandonados, sino también frente a algunos grupos con cierto poder. El interés por disminuir la desocupación y generar empleo ha sido una política seria, ya que con ella no sólo se ha logrado un crecimiento económico en general (que no quiere decir bien distribuido), sino que también se ha ido avanzando en generar trabajo en blanco y en perseguir el trabajo esclavo. No se puede dejar de reconocer que, en esta Argentina del silencio y la complicidad, estos gobiernos están prestando oídos a ciertos reclamos que se escuchan, sobre todo, desde los organismos no gubernamentales, como lo son los de defensa por los derecho humanos.

Por su parte, el campo de conocimientos sobre el que se desplazó el accionar de los organismos de derechos humanos, es vasto, complejo y polimorfo. No sólo es el sentido y significado que otorgaron a sus accionares y a sus conocimientos, sino, a los ámbitos de aplicación sobre los cuales ejercen su poder.

Las intervenciones a nivel político que podemos nombrar, a modo de ejemplo: haber llevado a cabo los juicios por crímenes de lesa humanidad; y como describiéramos anteriormente, la preocupación por la localización y restitución a las legítimas familias de todos los niños secuestrados-desaparecidos, ha sido un objetivo más que primordial. Existen además intervenciones y enfoques de reformas democráticas en las Fuerzas Armadas; sobre el papel que juega la asistencia religiosa en las mismas; debates sobre el Código de Justicia Militar, investigaciones sobre los niveles de violencia militar, en el ámbito federal y provinciales de la policía. De esta manera, la preocupación por las políticas de seguridad pública, tanto a nivel de debate social como a nivel de análisis político socioeconómico ha sido, y es, materia importante para la agenda pública, según alegan los organismos de derechos humanos. Dentro de esta temática, la preocupación por la represión y criminalización de las protestas sociales ha dado por resultado que el Estado haga oídos y opte por una política no represiva

Disciplinamiento de mercado, estadística judicial

A partir de entonces, creemos es imprescindible analizar la relación que existe entre los actuales índices de pobreza e indigencia que el Estado neoliberal mantuvo y las respuestas estatales no represivas frente a esta estadística. Consideramos, por un lado, que la libertad consiste a partir de tener posibilidad de elegir mientras se vive. Y en ese límite difuso entre lo que se puede, lo que se quiere y lo que se sabe, se manifiestan los diferentes usos acerca de la misma en nuestra liberal contemporaneidad.

A partir de lo que señaláramos anteriormente con los índices vertidos por el INDEC, el CELS (2003) indica que en mayo de 2002 se produjo el récord en el índice de desempleo, llegando al 21,5% de la población económicamente activa, disminuyendo apenas para fin de año a partir de que 2 millones fuesen beneficiarios de planes sociales: “Los picos de desocupación se registraron en el Gran Catamarca (20,5%), Gran Santa Fe (20,1%), Jujuy – Palpalá (20,5%) y en los partidos del conurbano bonaerense (21%). En la década del 70, el 5% de la población vivía en hogares con ingresos bajo la línea de la pobreza, en los 80 se elevó al 12%; a partir de 1998 ya superaba el 30% y en octubre de 2002 llegaba al 57,7% (aproximadamente 20,7 millones de personas). A su vez, 9,9 millones se encuentran por debajo de la línea de indigencia (el 27,5%) de la población.” Ya para el 2008 casi 10 millones estaban en situación de pobreza e indigencia. Más del 40% de los menores de 14 años son pobres, y en las regiones como el noroeste la cifra llega al 60% (CELS, 2008). “Durante el primer semestre de 2009, se encontraban por debajo de la línea de la pobreza 709.000 hogares (9,4%), los que incluyen a 3.429.000 personas (13,9%). De ese conjunto, 232.000 hogares 83,1% se encuentran bajo la línea de indigencia., lo que supone 995.000 personas indigentes. Según el INDEC la tasa de desocupación en el segundo trimestre de 2009 fue del 8,8%. La desocupación entre los jefes de hogar fue del 5%. La mayor tasa se observa entre las mujeres de hasta 29 años (18,6%), mientras que la más baja se registra entre los varones de 30 a 64 años (5,2%). El Observatorio de la Deuda Social Argentina revela que, en los conglomerados urbanos de 200 mil habitantes o más, el desempleo trepó del 10,1% al 11,8% entre 2008 y 2009.En el interior del país, el incremento pasó del 7,4% en 2008 al 12% en mayo de 2009” (CELS, 2010). Por lo que las políticas sociales que se están llevando a cabo tienen asidero en la realidad, más allá de la discrepancia de los datos suministrados por este organismo de derechos humanos con los del Estado Nacional, o de la incredulidad que se tiene de los datos del INDEC, lo cierto es que existe una gran mayoría, de diversas clases sociales, con empleo estable, precario y otros sin empleo, en tanto que jóvenes, mujeres y adultos siguen volcando sus demandas ante al Estado.

Ahora bien, en nuestro interés por destacar los modos de subjetivación, las técnicas o tecnologías para constituirse como sujetos, en tanto para con uno mismo y en tanto para los otros; se hace necesario realizar el desplazamiento del que más arriba citáramos. Ya que para Foucault, “la gubernamentalidad implica la relación de uno consigo mismo, lo que significa que en esta noción de gubernamentalidad, apunto al conjunto de prácticas mediante las cuales se pueden constituir, definir, organizar e instrumentalizar las estrategias que los individuos, en su libertad, pueden tener los unos respecto de los otros. Son individuos libres quienes intentan controlar, determinar y delimitar la libertad de los otros y, para hacerlo, disponen de ciertos instrumentos para gobernarlos. Sin duda eso se basa, por tanto, en la libertad, en la relación de uno consigo mismo y la relación con el otro. Mientras que, si se intenta analizar el poder no a partir de la libertad, las estrategias y la gubernamentalidad, sino a partir de la institución política, sólo es posible considerar al sujeto como sujeto de derecho. Estaríamos ante un sujeto dotado o no de derechos; con ello se remite a una concepción jurídica del sujeto. En cambio, la noción de gubernamentalidad permite, eso creo, hacer valer la libertad del sujeto y la relación con los otros, es decir, lo que constituye materia misma de la ética” (Foucault, 1984). De aquí que nuestra preocupación se vuelca hacia el análisis cualitativo de los conocimientos adquiridos, producidos y propuestos para la agenda pública y política, ya que éstos hablan, a nuestro entender, de la intensidad y las modalidades de las relaciones de las fuerzas del poder que aquí, en Argentina, se imponen, más que se distribuyen.

Un poco de historia de los reclamos

En diciembre del ’93 en Santiago del Estero, los trabajadores municipales, y provinciales, maestros primarios y secundarios, jubilados, trabajadores precarizados y jóvenes desempleados tomaron la casa de gobierno provincial, los tribunales, la legislatura y las residencias particulares de muchos políticos. Para el CELS (2003), “es a partir de esta rebelión santiagueña cuando podemos analizar la irrupción en el espacio público de un nuevo actor social, producto del desempleo creciente y el deterioro en las relaciones entre los sectores populares y clases dirigentes. Es el inicio de un cambio de lógica de acción colectiva que paulatinamente engendrará algunas nuevas relaciones políticas.” Y se continuaron las protestas sociales del interior del país, más precisamente de las zonas que quedaron al arbitrio de las privatizaciones de las empresas públicas que generaron un sinnúmero de desempleados. Los cortes en la ruta n° 22 de Plaza Huincul y Cutral–Có en 1996, respondían a los despidos efectuados por Repsol-YPF y lograron la atención del gobierno nacional. Reclamaban la instalación de una fábrica de fertilizantes tal como lo habían prometido los políticos durante la campaña electoral. En 1997 los docentes de Neuquén realizaron paro de las actividades en demanda de mejoras salariales, a la que se sumaron un grupo de jóvenes cortando la ruta, y en los enfrentamientos de éstos últimos con la fuerza policial, resultó muerta Teresa Rodríguez. Los cortes siguieron extendiéndose en Tartagal y General Mosconi, en Salta, también por despidos en Repsol-YPF. “Entre 1989 y 1996, la prensa gráfica informó la realización de 1734 manifestaciones de protesta. Entre ellas, sólo 50 consistieron en cortes de ruta, es decir, menos de 10 por año. En 1997 hubo 104 cortes de ruta en todo el país. En 1998 fue cortada una ruta por semana, en 1999 llegan a 21 cortes por mes y en 2000 hubo al menos un corte diario. En el 2001 los cortes prácticamente se triplicaron llegando a 115 por mes. Sólo en el primer semestre del 2002 se registraron 268 cortes” (CELS, 2003). Por lo que las respuestas estatales que se analizarán a continuación frente a tales movilizaciones, caracterizan el ejercicio del orden de contención social a partir de que los sectores comienzan a sentir el disciplinamiento económico político.

Tanto para el CELS como para el CAJ (Comité de Acción Jurídica), el CEJIL (Centro por Justicia y el Derechos Internacional), la LADH (Liga Argentina por los Derechos Humanos), la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)3 y la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), estos organismos concluyeron que el poder estatal lejos de utilizar el sistema penal como recurso extraordinario, lo utilizaba como mecanismo de control social. Según el CELS (2003) en el 2002, la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) y el CAJ, elevaron una queja al Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en la que se denunció que más de 2.800.000 personas, empleadas o desempleadas, se encontraban bajo proceso penal por incidentes sindicalizados; y un año antes la presentación había sido ante la CIDH4 en conjunto con CEJIL. En varias presentaciones y audiencias ante la CIDH, durante el 2001, se denunció la conducta violatoria del Estado argentino contra los derechos humanos. “El 70% de los procesos vinculados con la protesta social se refiere a la modalidad conocida como ‘corte de calles o rutas’, es decir, al delito de entorpecimiento del tránsito” (CAJ, op. Cit.). Lo llamativo del caso es que hasta 1996 no existieron antecedentes en jurisprudencia de procesar por comisión del delito en quienes protestan cortando rutas, avenidas o calles, o imposibilitan la normal circulación del transporte; según las presentaciones de los organismos ante la CIDH en marzo del 2001 y octubre del 2002.

Otra imputación hacia los protestantes se refiere al delito de sedición, que penaliza a quienes sin rebelarse contra el gobierno nacional, pudieran levantar una provincia contra otra, o se alzaren para producir una nueva Constitución y cambiar la local, o depusieran algunos de los poderes. Para el CAJ, esta imputación ha sido indebidamente usada, ya que en muchos casos quienes protestaban no querían sustituir a las autoridades, sino exigirles el responsable cumplimiento de determinados mandatos. También se han verificado imputaciones por coacción agravada (art. 149ter CP), incitación a la violencia colectiva (art 212ter CP), o extorción (art. 168 CP). Como ejemplo de ésta última imputación, Emilio Alí en Mar del Plata, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por haber obtenido mediante presión masiva una donación de comida de supermercados “Casa Tía” tras haber pedido alimentos durante las jornadas de crisis del 2001.

Protestas y represión

Desde junio hasta diciembre de 1999 en el Puente internacional General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, fue lugar de protesta social y de violenta represión a la misma por parte de Gendarmería Nacional. En diciembre no hubo aviso previo sobre el desalojo del puente y éste duró apenas 20 minutos. Murieron a causa de represión Mauro Ojeda y Francisco Escobar. En la protesta de abril del 2000, protagonizada por trabajadores vinculados a la Confederación General del Trabajo, la Policía Federal Argentina comenzó a reprimir cuando había 150 manifestantes. Detuvieron a 50; 49 fueron heridos; y Carlos Eusebio Hernández fue golpeado y apaleado por la policía mientras se encontraba en el piso, tras haber recibido un balazo de goma. En la ruta n° 34 de la provincia de Salta, en junio de 2001 y después de 15 días de reclamo, el juez federal Abel Cornejo dispuso la intervención de la Gendarmería para que los manifestantes depusieran su actitud. Se realizaron numerosas detenciones, entre las que se relata el uso de fuerza mediante agresiones, vejámenes y hasta detenciones en los domicilios particulares de los manifestantes.

Se produjeron 3 muertes desde noviembre del 2000 hasta junio del 2001, siendo Aníbal Verón una de las víctimas.5 Para el 19 y el 20 de diciembre de 2001 se produjo la protesta nacional, llamada ‘el cacerolazo’, la cual fue duramente reprimida por la Policía Federal que intentó disuadirla. En la ciudad de Buenos Aires se produjeron 190 detenciones en relación con el Estado de Sitio, decretado por el ex presidente De La Rúa, y sólo quedaron 29 personas a disposición del Ejecutivo Nacional. En las escalinatas del Congreso Nacional fue baleado Jorge Cárdenas por un arma de 9mm, munición coincidente con la que usa habitualmente la Policía Federal. Durante el 20 de diciembre fueron asesinados al menos cinco personas. También para la misma fecha, en Entre Ríos, un grupo de vecinos rodeó una sucursal del supermercado Wal-Mart y otro tanto lo hizo frente al supermercado Norte, exigiendo bolsones de comida, en presencia de custodia policial. La represión no sólo se desató en el lugar de la protesta, sino que se continuó hasta los barrios e interiores de casas aledañas, y hasta se produjo una emboscada en la que murió, a causa de una bala de arma reglamentaria, Eloísa Paniagua de 13 años, y Romina Ituraín de 15 años. En la ciudad de Rosario, por su parte, se produjeron ocho muertes durante los episodios de diciembre de 2001, a causa de enfrentamientos armados con las víctimas (CELS, 2003; CAJ, 2006).

En Junio de 2002, las organizaciones Coordinadora Aníbal Verón, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, Barrios de Pie y Bloque Piquetero, impulsaron cortes en las principales entradas a la Capital Federal. El despliegue represivo se cobró las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, durante el gobierno del ex presidente Duhalde. Alrededor de 90 personas resultaron heridas, 30 por disparos de armas de fuego, y 160 manifestantes fueron detenidos (52 mujeres, 7 embarazadas, 43 menores de edad). Para setiembre de 2002, a causa de la privatización de YPF, un grupo aproximado de más de 7000 personas en la capital jujeña, entre ellas militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC), de la CTA y del Frente del Gremio de Trabajadores, se juntaron reclamando en forma pacífica la caducidad de mandatos de los funcionarios públicos provinciales. El episodio culminó con 109 personas detenidas, mayores y menores de edad, 29 locales comerciales destrozados y quince automóviles destruidos (CELS, 2003).

Es menester mencionar que, al menos una cuarta parte de todos los casos de criminalización de la protesta social, han ocurrido en la provincia de Neuquén donde también se privatizó YPF.

Rol del sistema judicial

En relación con el sistema judicial se puede decir que entre 1998 y 2006 ha buscado socavar la protesta social mediante la penalización de conductas de demanda popular. Según los organismos denunciantes como el CELS, el CORREPI, la FIDH y el CAJ, los tribunales de justicia han mal interpretado el alcance de las figuras penales. Por un lado, se atacó al principio de legalidad, pues un tipo penal no es un instrumento para que el poder sorprenda a los ciudadanos con su arbitrariedad. Es decir, este principio limita el poder del Estado y asegura la libertad del individuo, manifestando dicho principio las exigencia de ley previa, ley escrita, cierta y estricta. Tal fue el caso del juez federal Abel Cornejo al procesar prima facie responsable de los delitos de sedición con interrupción de transportes públicos, y ordenó la prisión preventiva a José Barraza por los cortes de ruta en 1997 en Salta. O también el paradigmático caso de la maestra Marina Schifrin, la cual fue condenada a tres meses de prisión en suspenso como coautora del delito de impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte de tierra y aire por el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes. En mayo de 2006 se dispuso el procesamiento de Ali y de Ontivero por considerarlos autores materiales y penalmente responsables del delito de impedimento y/o entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra durante noviembre del 2002, agosto y noviembre del 2003 y mayo del 2004 (CAJ, 2006).

Lo cierto es que, frente a las protestas sociales se ha violado, por parte del Estado, los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y necesariedad en el uso de la fuerza. El primero se refiere a que la reacción penal debe ser proporcional a la importancia del derecho del afectado. La violación al principio de culpabilidad se refiere a que no puede castigarse a quien no haya podido evitar y prevenir tal comportamiento, y también a que el autor esté motivado de manera racional y normal.

Otra de las funciones del sistema judicial ha sido ordenar los conflictos sociales-económicos en torno a las figuras líderes de las movilizaciones o sindicatos. Para el CELS “esta selectividad hacia los dirigentes, curiosamente inversa a la selectividad congénita del Derecho penal sobre los más relegados, quizás sea una alerta acerca de la utilización discrecional de la herramienta penal como mecanismo de negociación eminentemente política, alejado de todo parámetro de racionalidad jurídica” (CELS, 2003). Por lo que parece inevitable sostener que existió además del clientelismo político, un clientelismo penal. Se disciplinó desde ambas agencias, cada una con sus características. No es el único sector, el de los beneficiarios de planes sociales y organizaciones no gubernamentales, que queda ubicado en relación con esta agencia. El CAJ (2006) en sus informes de 1996, 1998, 2000, 2001, 2002 y 2004, se mostró como defensor legal de los ataques judiciales del Estado frente a los protagonistas de las organizaciones. Aún así, el CELS (2008) afirma que: “si bien en nuestro país ha habido condenas paradigmáticas por hechos de protesta social, en general son muy pocos los procesos que culminan con un juicio oral, y los pocos que llegan a esa instancia suelen terminan con la absolución de los imputados ante la imposibilidad de probar cargos.” Es decir, que por más que empíricamente hubo de demostrarse la ineficacia e ineficiencia de imputación de tales delitos a protestantes y huelguistas en términos funcionales, aún se procesó. De todas maneras, esta forma represiva se ancló de manera efectiva en la subjetividad argentina, e hizo recaer sobre los ciudadanos comunes todo el peso del aparato judicial, que terminó, directamente o indirectamente, produciendo que muchas personas desistiesen de la protesta social –amparada por la misma Constitución Nacional- porque el Estado criminalizaba a la misma.

Actualmente puede afirmarse que la actitud represiva del Estado ha mermado abruptamente, salvo casos aislados en provincias, donde la autonomía del poder ejecutivo tiene jurisdicción. Pero también hay que recordar que las protestas sociales no existen en su magnitud como en otra época y esto es, quiérase o no, por una administración y regulación de los recursos más adecuada a los derechos básicos.

Rol de las fuerzas de seguridad

Otro tema de gran controversia es el referido a las tareas de investigación, que fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, ya que poseen atribuciones de recibir las denuncias de delitos y de promover investigaciones por iniciativa propia. Como así también tienen la obligación de perseguir los delitos que están prescriptos por oficio. Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal puede realizar investigaciones a través de pedidos de informes a organismos nacionales, provinciales, comunales, organismos privados y particulares correspondientes. La discusión, o la problemática en este punto es que: “no es uniforme en la jurisprudencia y doctrina cuáles son los estándares para la valoración de prueba producida en los momentos previos a la iniciación del proceso. Es conflictivo determinar bajo qué reglas debe valorarse la licitud de las pruebas recogidas en el marco de esa actividad” (CELS, 2003).

Es decir, la intervención de los organismos de derechos humanos apuntó a que se discuta cómo se valoraban la prueba o las pruebas, los jueces a la hora de iniciar un proceso penal cuando registraban el delito en un corte de ruta o en una movilización, siendo la policía quien emitió la información. Por lo que se ha descubierto que no han existido, en la mayoría de los casos, investigaciones serias y eficaces de los jueces sobre los cuadros de delitos imputados. Lo que significa que, a falta de investigación responsable ante situaciones de protesta social con heridos y muertes, no se hizo más que naturalizar en el imaginario social “la violencia” que generaron los desocupados. Sin embargo, la violencia fue ejercida desde múltiples dimensiones y sectores. “Esta situación de impunidad puede configurarse tanto por la negligencia, ineficacia e incapacidad de los órganos estatales encargados de llevar a cabo la investigación como por la actividad obstructiva intencional para evitar que aquella se lleve a cabo” (CELS, 2003).

Una generalidad sería concluir que, tanto por cometer el delito como omitir la investigación del mismo, los ciudadanos son proclives a la impunidad cuando cumplen funciones públicas. Una particularidad sería establecer dónde, cuándo y cómo se procesan a sujetos que participan políticamente, ya sea en formas conocidas, o en formas de participación no convencional. “Así, si bien la prohibición normativa indica que ningún juez o fiscal podría, en el marco de una investigación judicial, estar facultado para ordenar medidas de control sobre los movimientos sociales para identificar a sus militantes, sus formas de organización, lo cierto es que el poder judicial se ha visto en muchas oportunidades involucrado en este tipo de actividades. En muchos casos jueces y fiscales tuvieron directa vinculación con tareas de inteligencia desarrolladas por instituciones de seguridad sobre organizaciones sociales” (CELS, 2008).

Los sucesos de represión violenta ante las tomas de edificios públicos o cortes de ruta se continuaron en julio de 2004, frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de una decisión gubernamental nacional, a partir del 2003 de desarmar a las fuerzas policiales promoviendo una política de persuasión y tolerancia frente a las movilizaciones y protestas sociales, y de la creación de la Comisión Jurídico de la Protesta Social en el ámbito de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en ese mismo año “se acentuaron las críticas de la oposición y de importantes sectores de la prensa respecto a la supuesta pasividad oficial ante una nueva intensificación de las manifestaciones en el primer semestre del 2004” (CELS, 2008). Lo que significó que la Comisión, iniciada por el gobierno de Néstor Kirchner, en conjunto con juristas y profesionales para discutir sobre el tema, dejara automáticamente de funcionar sin ser llamada para una reunión posterior.

Hubo nuevos incidentes de represión en mayo del 2004 con el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente de Desocupados Unidos y el Movimiento de Trabajadores Desocupados, cuando realizaron un acto de protesta que comenzó en el Puente Pueyrredón y culminó frente a las oficinas de Repsol-YPF de la ciudad de Buenos Aires. También en la toma de la comisaría de La Boca en junio del mismo año, cuando vecinos e integrantes de la agrupación piquetera Federación Tierra y Vivienda protestaron por el homicidio de un dirigente piquetero.

En abril del 2004, efectivos de la policía de San Luis reprimieron a docentes locales que hacían vigilia en las afueras de la legislatura provincial antes de que se aprobara la Ley del Estatuto Docente por el gobierno de la provincia. La represión despertó una marcha multipartidaria de los sectores sociales por el centro de la capital provincial, pero fue violentamente reprimida y el ciudadano Marcelo Bustos Padovani herido en la cara con balas de goma. “Cabe recordar que aún cuando la justicia tiene en sus manos el nombre del policía agresor, jamás lo llamó a indagatoria, mientras que a Bustos lo llamó una docena de veces a dar testimonial”6. Una semana después también continuaron las marchas y la represión, resultando herido el periodista Alejandro Rodríguez en un enfrentamiento social, entre docentes y beneficiarios del Plan de Inclusión, manipulados por el gobierno provincial, quien afirmó que el aumento a los docentes quitaría los beneficios del Plan de Inclusión Social como forma de enfrentar a dos sectores de la sociedad.

También sufrieron represiones los huelguistas del gremio telefónico, de los hospitales, de los petroleros y estatales de la Patagonia, de las líneas del Subte, piqueteros de la provincia de Buenos Aires, durante el 2004.

En Caleta Olivia, Santa Cruz, en agosto y octubre de 2004 también se reprimió, esta vez por parte de Gendarmería Nacional y contra trabajadores petroleros. Lo mismo ocurrió en Las Heras y en Pico Truncado por parte de la policía provincial, en noviembre del mismo año y luego en febrero del 2006.

En el marco de un prolongado conflicto gremial, en abril del 2007, los docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Nuequén (ATEN) se movilizaron hasta la intersección de las rutas nacionales 22 y 237. Al desplegarse el operativo de la policía de la provincia, los manifestantes optaron por retirarse del lugar sin efectuar el corte de rutas. La represión ocurrió igual y asesinaron al docente Carlos Fuente Alba, con un cartucho de gas lacrimógeno lanzado a corta distancia, mientras éste se estaba yendo del lugar en el asiento trasero de un auto.7 En noviembre de 2008 se llevó a cabo el juicio por el homicidio doblemente calificado de Fuente Alba al imputado sargento Poblete. Aun persiste el pedido de enjuiciamiento al ex gobernador Jorge Sobisch por su responsabilidad política.

En el 2007, en Santa Cruz, ocurrieron diversos incidentes. En agosto, en Río Gallegos, los trabajadores estatales rodearon la camioneta del ministro provincial Varizat, resultando heridas veinticuatro manifestantes cuando éste se vio forzado a huir en su vehículo y atropelló a esas personas que terminaron internadas. El ministro Varizat fue detenido cuarenta y cinco días, pero fue liberado bajo pago de fianza. Su procesamiento por este incidente continuó y en diciembre del 2008 la justicia de Río Gallegos resolvió condenar a tres años de prisión en suspenso. En setiembre de 2007, cincuenta trabajadores de la empresa petrolera EMPASA cortaron la ruta nacional n° 3, a tres kilómetros de Caleta Oliva. La periodista Adela Gómez recibió dos impactos de posta de goma. Además del gendarme que disparó contra la periodista, fueron separados de la institución el comandante Raúl Mesa y dos efectivos más que participaron de la represión.

En el 2009, en Tucumán, fue asesinado el diaguita Javier Chocobar. En el mismo año, en Formosa, María Cristina López de 22 años y Mario García de 48 años murieron de frío, hambre y enfermedades curables, por protestar mediante corte de ruta por la Comunidad Primavera por pedir respeto por sus tierras. En el 2010 murió Sandra Juárez cuando enfrentó a una topadora y en noviembre de ese año Roberto López fue asesinado por la policía de Formosa cuando reprimió un corte en la Ruta Nacional n° 86, en donde se reclamaba por tierras ancestrales por parte de los indígenas. Hubo ocho detenidos indígenas y numerosos heridos de gravedad. Formosa está catalogada como un ejemplo de la represión permanente desde décadas hacia las comunidades indígenas. El observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente de la REDAF ha publicado un segundo informe de las situaciones de conflicto por tenencia de la tierra y ambientales que se registran en las distintas provincias de la región chaqueña. Hasta agosto de 2010 se han identificado 259 conflictos, de los cuales se procesó información de 164 casos en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba.8

Para el CAJ (2006) “no pueden analizarse los tipos penales en forma aislada, desprendidos del ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos frente a un Estado ausente en su protección. El garantismo como expresión de la libertad, no funciona sólo como límite al poder punitivo, protección de los derechos frente al Estado, sino como garantismo positivo de las prestaciones exigibles al Estado”. Es decir, que el enfoque bajo el cual deben interpretarse las formas de protesta social no puede ser otro que la normativa vigente de los derechos humanos ya que deben asegurarse unos derechos para poder permitir otros también. Al respecto, Roberto Gargarella (2005)9 dice que la mirada penal sobre el derecho constitucional resulta utilizada de modo habitual, tanto en frecuentes condenas a los sujetos de protesta política y social, como en las más excepcionales ocasiones en que se procuró protegerla. Nestor Sagues (2000)10 dice que la conversión de un derecho constitucional como el de la vida, la salud, a reunirse y expresarse libremente, es un anti derecho lesivo de los derechos de cualquier otro sujeto (derecho a robar, a ocupar inmuebles, a cortar rutas), importa una estrategia ideológica mutativa de la Constitución. Por otra parte, el constitucionalista Miguel Ángel Ekmekdjian (1994) expresa que: “otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias) no reflejan la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso”. Así parecido opina María Angélica Gelli (2003) quien señala “de acuerdo con la ley 20.120, las reuniones en la vía pública requieren permiso de la autoridad policial, bajo determinados requisitos que, en determinadas circunstancias, podrían devenir inconstitucionales.” En contraste a ésta dos posturas y sumando a las garantistas positivas, Raúl Ferreyra (2003) dice que: “parece ser cierto que obstruir el derecho a la libertad de expresión (cuando lo ejercen ponen de manifiesto un estado de necesidad extremo y casi terminal) no condice con ningún ‘interés público’ que justifique la intervención”. Máxime si los resultados de indebidos procesos, falta de méritos en la mayoría de las causas, demostración fáctica de persecución a líderes sindicales y de organizaciones, y connivencia entre los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad; consolidan la visión de la utilización política del derecho constitucional a través del derecho penal.11

Si es noble pedir seguridad ciudadana, debemos saber en qué se está poniendo énfasis para cuidar y sobre quién recae mayormente este recaudo. Las políticas de endurecimiento de las respuestas policiales frente a hechos delictivos se pueden apreciar con nitidez. El informe de situación 2003-2006 de la CORREPI acerca de los derechos humanos, demuestra que desde mayo de 2003 hasta julio de 2008 han sido 505 las personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad, en su mayoría jóvenes pobres, siendo 102 asesinados entre el 25 de mayo de 2003 y 31 de diciembre del mismo año, 159 asesinados en el 2004, 175 asesinados en el 2005 y 69 asesinados entre enero y julio de 2006. De éstos últimos 20 casos son de Buenos Aires, 9 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 casos de Córdoba, 5 casos de Corrientes, 7 casos de Mendoza, 6 de Tucumán, 5 casos de Santa Fe, 3 casos de Santiago del Estero, y un caso para Jujuy, Neuquén, Rio Negro y Salta respectivamente. El mismo informe declara que han contabilizado 43 casos de represiones violentas, 22 casos destinadas al desalojo y desarticulación de medidas de lucha llevadas adelante por trabajadores de distinto rubro, y 21 correspondientes a movilizaciones de desocupados, violentos desalojos de comunidades originarias y razzias a barrios humildes tanto en la Capital como en el interior del país. Ahora bien, el descenso de los índices por represión estatal es notorio, aún cuando las represiones incluyen las manifestaciones en las provincias, quedando aquellas a merced del ejecutivo provincial. En términos generales, no se le pude imputar al Estado Nacional de querer continuar con las políticas represivas de antaño.

Por ejemplo, entre las razzias podemos citar a la represión de setiembre del 2003 en Salta a indígenas desalojados de sus tierras con insultos y golpes, donde se simularon fusilamientos y hubo 24 personas detenidas; en octubre del mismo año la comunidad indígena Ava Guaraní fue desalojada de sus tierras y casi la totalidad de sus integrantes fueron detenidos, incluidos niños, ancianos y embarazadas; en San Martín de los Andes en el 2004 fue desalojada brutalmente una familia que generó un enfrentamiento con todo el barrio; en el 2005 tras la primera movilización por la Masacre de Cromañón en Buenos Aires hubo represión y 8 detenidos con causas penales y 35 detenidos tras las segunda movilización por esta misma causa; y en Rio Negro grupos de choque de la policía local en conjunto con Gendarmería, recorrieron barrios realizando razzias, irrumpiendo en las casas, golpeando a jóvenes y revisando a los alumnos a la entrada de las escuelas. En el 2006, en Chaco, 200 familias fueron desalojadas de un plan de viviendas sociales nunca adjudicadas y reprimidas por la policía, Infantería, Caballería y Comando de Operaciones Especiales que detuvieron a 40 personas y dejaron un saldo de decenas de heridos entre ellos mujeres, ancianos, niños y periodistas; en el mismo año, pero en Neuquén, la Confederación Mapuche Neuquina fue desalojada del Consejo deliberante por un dispositivo de policías con escudo, escopetas y gases lacrimógenos.

El informe del CELS (2010) indica que las prácticas represivas de administración de la muerte se continúan en la actualidad, y en nada se articulan con una política de la seguridad ciudadana. Entre julio de 2008 y junio de 2009 se registró un aumento en el uso de la fuerza por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad: 140 personas murieron frente a las 125 del mismo periodo, pero del año anterior; 113 eran civiles y 27 integrantes de las fuerzas de seguridad; 60 murieron en hechos en los que participó la policía bonaerense, 47 en acciones de la Policía Federal, 2 de Prefectura, 3 de agentes penitenciarios y una en manos del Ejército. De las 113 personas, 6 murieron a causa de una bala perdida. En alguno de los casos se ha comprobado el estado de indefensión de las víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza. También, “el uso letal de fuerza por parte de policías que se encuentran fuera de su horario laboral es un problema que data de años al que las instituciones de seguridad no han dado jamás el tratamiento adecuado. Entre 1996 y 2009, miembros de la policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraban de franco o retirados fueron responsables por la muerte de 378 personas, 32% del total; una de cada tres personas muertas por esta fuerza de seguridad fue víctima de un policía fuerza de servicio. 194 funcionarios (policiales) murieron en el mismo periodo mientras estaban fuera de servicio” (CELS, 2010).

Es práctica común de las instituciones de seguridad tener reticencia a hacerse investigar y también de acciones concretas destinadas a encubrir graves violaciones a los derechos humanos, tales como hipótesis falsas acerca de los hechos, el amedrentamiento de testigos o la falsificación de pericias. Por parte de la justicia, se denota una incapacidad para intervenir en los hechos y además en gran medida y por distintas vías, ya sea encuadrando cualquier hecho bajo legítima defensa o pasando por alto errores policiales, muchas decisiones judiciales autorizan estos hechos. La evidente desidia al investigar que muestran algunos jueces y fiscales, que no analizan siquiera pruebas mínimas sobre estos homicidios cometidos por funcionarios policiales y aceptan, sin cuestionarlas, las versiones policiales. Se puede decir que las estadísticas arrojan datos que hacen deducir que es normal que los agentes de seguridad utilicen sus armas de fuego, ya que los testigos-protagonistas relatan los hechos que demuestran que muchas veces no hubiese sido necesaria utilizarlas.

Desde nuestro punto de análisis, el efecto micro político de las relaciones de poder se deja observar en estos estallidos a los cuales se les ha llamado eufemísticamente “casos de gatillo fácil” o bien llamados “fusilamientos sumarios”.12 La impunidad de muchos de los funcionarios de las fuerzas policiales es la causa de estos casos de gatillo fácil. Como dijimos en el capítulo anterior, es un determinado sector social el que pasa a ampararse por los organismos de derechos humanos, y es cuestión de voluntad subjetiva el poder conducirse negando la realidad, silenciando delitos, siendo cómplice, por un lado, y enfrentar la realidad movilizándose colectivamente, denunciando públicamente, organizándose legalmente, por otro. Sin movilización no hay justicia, parece ser. Estos informes y denuncias públicas y judiciales permiten discernir cuándo hay represión explícita por parte del Estado, provincial o nacional, cuándo hay persecución judicial a protestantes, cuándo hay complicidad de los jueces que implica la ineficiencia de la investigación, cuándo hay actitudes de impunidad (o emergencia del fantasma del desorden democrático liberal) por parte de los funcionarios policiales, cuándo hay sucesos delictivos aislados, cuándo hay criminalización y estigmatización de la pobreza.

Ahora bien, la actitud del gobierno de Néstor Kirchner fue la de implementar una política, desde 2004, en donde el Estado trate de contener la protesta social sin represión y sobre todo, sin matar. Así lo declaró el ex presidente Kirchner y su ministro de Seguridad Aníbal Fernández. La política de la no represión parece continuar con la asunción en dicho ministerio de Nilda Garré en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien prohibió a la Policía Federal la utilización de armas de fuego durante los operativos de protesta social. En reunión en marzo de 2011 con los ministros de seguridad de todas las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con los jefes y titulares de las fuerzas federales y policiales, la actual ministra firmó un acta-acuerdo en donde se establecen las pautas básicas de actuación por parte de la policía de cada provincia cuando existan manifestaciones públicas. Entre las indicaciones acordadas, se procederá comenzando con el diálogo con los organizadores de las protestas, el ejecutivo correspondiente siempre designará a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones, se prohíbe el uso de armas de fuego y de pistolas lanza gases a todo el personal policial que pudiese tener contacto directo con los manifestantes, sólo se usarán postas de goma para uso defensivo, cada personal deberá estar claramente identificado y uniformado, habrá un funcionario responsable del control y otro a cargo del operativo, se prohíbe también la utilización de todo vehículo no identificable, los detenidos por lo tanto serán llevados en vehículos específicos, en las manifestaciones previstas se usarán vallas para resguardar a los manifestantes y a terceros, los efectivos policiales no podrán impedir la toma de fotografías, imágenes o testimonios. Posición distinta a la de los anteriores gobierno de Menem, De La Rúa y Duhalde. Éste último cuestiona al gobierno por su política de no represión afirmando que “se puede poner orden sin tirar tiros. Ya lo hice en 2002”.13 Omitió, por supuesto, las muertes de Kosteki y Santillán asesinados por policías bonaerenses en junio de ese año, que políticamente le costó que llamara a elecciones presidenciales de manera anticipada. Por parte de los dirigentes, de lo que viene a llamarse la oposición de derecha, identifican a los movimientos piqueteros o aquellos que coartan algunos derechos de sus conciudadanos con la violencia, sumándose al reclamo ciertos sectores, de reprimir la protesta social, en nombre de la seguridad de los propietarios.

Ahora bien, no todas las intervenciones del Estado Provincial son de índole represiva. En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en diciembre de 2005 los ciudadanos de la localidad cortaron la ruta internacional n° 136 a la altura del puente General San Martín, que une a esta ciudad con Fray Bentos, del Uruguay. En este caso, el objetivo del corte por parte de la Asamblea Ambiental ciudadana de Gualeguaychú, formada por los lugareños, es en repudio a la ubicación de las plantas de celulosa de la empresa finlandesa y la española ENCE, por considerarlas altamente contaminantes para el medio ambiente y porque esto también iría en detrimento del ingreso del turismo a las ciudades que están ubicadas sobre el río Uruguay, cercanas a la papelera Botnia. En invierno de 2006 el corte se levantó, pero volvió a instalarse momentos después a partir de la noticia de que el Banco Mundial hubiera aprobado el crédito financiero para la construcción de la papelera de Botnia. Nunca hubo incidentes de represión por parte del Estado Nacional. El mismo Estado argentino denunció a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la violación del Tratado del río Uruguay. En abril de 2010 la Corte Internacional de La Haya reprendió a Uruguay por no haber informado a la Argentina sobre estos planes, pero no le impuso sanción alguna, ni impidió que siguiera funcionando ya que consideró que no hay evidencias de contaminación. Con la llegada de José Mujica en febrero de 2010 a la presidencia de Uruguay y con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno de Argentina, se decidió volver al diálogo. Si bien el mismo Estado argentino denunció en junio de 2010 ante la justicia a piqueteros entrerrianos, los asambleístas decidieron levantar el corte para favorecer el diálogo. El logro obtenido por parte de los asambleístas es la posibilidad de que un equipo técnico bilateral a partir de marzo de 2011 se encargue de monitorear la planta de celulosa, ahora instalaciones de UPM, de capitales finlandeses. Actualmente existen 25 piqueteros indagados por el juzgado de Concepción del Uruguay. Los lugareños se consideran víctimas de la contaminación y de la persecución judicial.

Otro suceso que marcó diferencia con gobiernos nacionales anteriores fue el conflicto con el sector agrario que el actual gobierno soportó. En marzo de 2008 los productores agropecuarios bloquearon los puertos en protesta por la prohibición de exportar trigos, iniciaron una huelga comercial reforzada con cortes de rutas distribuidas por todo el país, en respuesta al impuesto que preveía un decreto presidencial sobre un valor excedente de la exportación de la soja. El decreto fue convertido en un proyecto de ley (la 125) que fue enviado a la Legislatura y no aprobado en el Senado. La presidenta consideró la medida de este sector como extorsiva, sector que se manifestó también en Plaza de mayo, y en donde hubieron incidentes, más no de orden represivo por parte de la policía Federal, sino más bien entre civiles de sectores opuestos. También las agrupaciones sociales, políticas y sindicatos convocaron a un acto en Plaza de Mayo, pero para apoyar, en este caso, al gobierno nacional. El Estado decidió denunciar ante la Justicia a las entidades del campo por “violar las leyes de abastecimiento y seguridad” e “impedir el normal funcionamiento del transporte”, tras una huelga y cortes de ruta de 21 días. Durante los meses de abril, mayo y junio se arribaron a diversos acuerdos, y otros no tanto, por lo que los cortes, huelgas y desabastecimientos continuaron. En este último mes el Estado decidió enviar un proyecto de subida tributaria para el sector agropecuario, el cual fue aprobado por mayoría en el Parlamento. Pero en el Senado de la Nación, el voto de disidencia del vice-presidente Julio Cobos, hizo que el proyecto no se convirtiese en ley y el conflicto lo terminó ganando, por así decirlo, el campo.

En estos dos últimos casos señalados se percibe, de alguna manera, el intento de cambio de política del Estado Argentino frente a las protestas sociales. Si bien los diálogos entre los actores en pugna sufrieron frustraciones y desacuerdos, en ambos casos se respetaron la funcionalidad de las instituciones públicas (en el primer caso, la internacional), ya que también hubo acuerdos, unos en levantar las protestas de los cortes o huelgas, y la del gobierno en aceptar a los manifestantes e intentar manejar las situaciones sin el uso de la fuerza. Se sintió en el país después de muchos años, más allá de las sospechas de corrupción y de la ambición de poder del gobierno nacional, que hubo un funcionamiento de la democracia llevada a cabo por el Parlamento y el Senado. Los sectores en pugna, se enfrentaron, mediante el voto de los funcionarios públicos.

Aún así, la subjetividad argentina configurada con los mecanismos de negación y silencio asegurados a través de determinada complicidad judicial y de ciertos sectores sociales, se evidencia en los niveles capilares del poder, allí donde el agente representa al Estado cuando ejerce su profesión. No en la totalidad de los casos, pero sí en muchos. Si bien el Estado Nacional, actualmente no avala la forma de actuar de la represión, es claro que los esfuerzos no solamente tienen que volcarse hacia una no represión en materia de protesta social o a la no criminalización, por ende, de la misma, sino también a una eficaz investigación de los delitos que se cometen de todas las partes involucradas. Las críticas de los organismos más acérrimos a la defensa por los derechos humanos, aún apuntan hacia todos estos puntos cuando el Estado es el que demuestra su ineficacia, su ausencia, su violenta presencia, o su evidente complicidad.

Por lo tanto, la implicancia de los grupos de derechos humanos sobre el campo de economía política y políticas de contención social, no sólo se dedica a tareas de querellas o patrocinar, investigar o actuar como meros presentadores de informes ante organismos internacionales. El estudio de los impactos de las políticas de Estado ha sido acompañado con propuestas o al menos vectores sobre los que los funcionarios deberían ocuparse en la agenda pública. De lo expuesto hasta aquí, los organismos recomiendan controles de idoneidad de los efectivos asignados al control de los manifestantes, regulación de las actividades de inteligencia, protección del trabajo de periodistas y reporteros gráficos, registro, preservación y acceso a la información sobre los operativos. Lo que significa por un lado, la denuncia ante la falta de una administración para que se aumente de recursos humanos y materiales focalizada hacia las fuerzas de seguridad; y por otro, la necesidad de crear un régimen de control general, valga la redundancia, de las fuerzas de seguridad.

A puertas abiertas

Comprendemos que, desde los espacios abiertos, se ha disciplinado mediante la criminalización de la protesta, podríamos decir, impunemente. Pero no es una política que actualmente esté continuando sin reparar en el pasado, sino que más bien intenta desde el Estado, lo contrario. A la luz de todos los medios, a la vista de toda la ciudadanía, la represión seguida de criminalización, fue la consecuencia de la naturalización de relación entre actores sociales por medio de la negación y el silencio; con impericia y en connivencia, es decir, con complicidad. Las actuaciones de represión, es decir, de respuesta estatal frente a movilizaciones sociales o de disciplinamiento de la sociedad excluida, lograron expresarse a cielo abierto en presencia de civiles y de periodistas. La violencia producida-ejercida y naturalizada que se ejerció desde el Estado hacia ciertos sectores de la sociedad, quedó impregnada en el imaginario de los demás actores sociales. Pero también ha quedado impregnado en el imaginario colectivo, que la violencia se ejerce también desde los grupos, que de manera masiva, ejercen su derecho al reclamo. La naturalización de la violencia se ejerce también, por ende, desde el desconocimiento de la información y la desinformación.

Para unos, es urgente crear nuevas políticas de seguridad sobre las ya naturalizadas políticas represivas, a base de una re-estructuración policial. Esto evidencia que aún existe una gran cantidad de sectores que, cautivas de los mecanismos de negación y silencio, de complicidad y desinformación, no logran distinguir cuáles son exactamente las causas de la violencia entre el Estado, Provincial o Nacional y los sectores protestantes. Creen que la policía es la instancia decisiva para el control del delito. Para otros, la propuesta de la seguridad ciudadana, tanto para los hechos delictivos aislados como para las protestas sociales y otros también, arranca desde el fortalecimiento de las demás instituciones democráticas (empezando por la escolaridad). Hay sectores del Estado Nacional que están escuchando actualmente las demandas de los grupos de derecho humanos, aún cuando éstos no abandonan la crítica ni la investigación de la realidad. De todas maneras, la presencia de estos modos de ser, en el que la violencia media en el ejercicio de la libertad (a manifestarse, a la huelga, a robar) entre los ciudadanos, ha largado cifras constantes y estables durante la década pasada.

Es por esto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha declarado que el proyecto de ley de estatización de YPF es el fin de la era piquetera, aquella que se inició cuando las privatizaciones tuvieron su auge e iban dejando a miles de personas sin trabajo y familias sin recurso. Es un resarcimiento tanto simbólico como material, ya que no solo es la recuperación de una empresa importante en materia de hidrocarburos, sino porque el crecimiento de la misma tiene su fundamentación en la proyección de la sociedad argentina, es decir, la soberanía sobre los recursos naturales hace a la planificación y proyección de este país.

1 http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_4trim10.pdf

2 http://www.indexmundi.com/es/argentina/tasa_de_desempleo.html

3  Ver “Informe de situación 2003-2006: Los Derechos Humanos en la Gestión Kirchner”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36784

4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5  Aníbal Verón, de 37 años, cesanteado de una empresa, fue asesinado de un balazo en Tartagal, Salta, cuando la policía provincial desalojó la ruta nº 34.

6  Periodistas en la Red: “A seis años de la peor represión policial historia de San Luis”. San Luis, 30 de abril de 2010.http://www.periodistasenlared.info/abril10-30/nota3.html

7  Se lee en el acta n° 100 del Servicio Centralizado de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires del 11 de Abril del 2007 –cinco días después de la Fuente de Fuente Alba- sobre el uso de escopetas lanza gases: “DE NINGUNA MANERA DEBEN EFECTUARSE DISPAROS DIRECTOS SOBRE LAS PERSONAS, dado que pueden ocasionarse gravísimas lesiones incluso la muerte”. (CELS, 2008)

8  Conflictos sobre Tenencia de Tierra y Ambientales en la Región de Chaco Argentino. Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente, Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), 2° Informe. http://redaf.org.ar/noticias/wp-content/upload/2010/11/Conflictos-de-Tierras-y-Ambientales-datos-relevados-hasta-Agosto-2010.pdf

9  En “El derecho a la protesta, el primer derecho”. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005.

10  En “Derechos y contraderechos”, ED 186-827, 2000.

11  CAJ, 2006, p. 112.

12  Desde 1984 a la fecha hubo en todo el país alrededor de 2.500 muertes de “gatillo fácil”. Informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Buenos Aires, diciembre de 2010.

13 http://www.lanacion.com.ar/1335207-duhalde-represion-no-es-matar-a-nadie.

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