Introducción

La conmemoración del golpe de estado de 1973 en Chile tiene el doble carácter de revivir los hechos presenciados directamente y, al mismo tiempo, revisar las significaciones atribuidas a estos hechos a los largo de cuatro décadas y decantadas tanto en la memoria individual como en el acervo de literatura especializada.

Una primera aproximación a lo que significó el golpe, más allá de la destrucción del sistema político vigente hasta ese momento, se puede ofrecer citando el discurso de Salvador Allende en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972 :

“Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un Parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833 sólo una vez se ha cambiado la carta constitucional sin que ésta prácticamente jamás hay dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con Fuerzas Armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de diez millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional.”

Se puede decir que hay alguna idealización, e incluso exageración, en la descripción que ofrecía el Presidente de la República en las Naciones Unidas. Pero lo que es innegable es que la dictadura militar instaurada en septiembre de 1973 significó la destrucción y la negación de todo lo que hacía que Allende se enorgulleciera del país que representaba.

La imagen de la democracia chilena y el inédito intento de tránsito pacífico al socialismo propuesto por la Unidad Popular, la alianza de partidos que apoyaba al gobierno de Salvador Allende, dieron a estos acontecimientos una resonancia que superó por mucho lo que se pudiera considerar la significación del país en el contexto mundial.

La brutalidad de la represión desatada por la dictadura militar chilena provocó una reacción internacional de solidaridad con las víctimas, de gobiernos y sociedades, que por distintas razones suscitaba comparaciones que colocaban a Chile, y lo que allí ocurría, en un ámbito de significación histórica internacional. Así, en 2005 en un seminario en Inglaterra, un intelectual y académico inglés afirmaba que, para su generación en ese país, los acontecimientos de Chile habían tenido el significado que para la generación de sus padres tuvo la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Por otra parte, en la década de los ochenta, un intelectual y académico mexicano comentaba informalmente lo exagerado de la resonancia internacional de los procesos políticos chilenos, y en particular la represión de la dictadura, ya que comparando el número de muertos, frente a la Guerra Civil Española, resultaba insignificante.

Estos juicios personales pueden parecer sesgados por la relación que cada comentarista pudiera tener con el tema. Sin embargo, el año 1973 resultó un hito en procesos globales desde algunas perspectivas. En mis recuerdos personales está una conversación con amigos y colegas en Chile, en medio del terror de los primeros meses siguientes al golpe, en la cual expresábamos el temor a la desaparición del tema chileno ante acontecimientos como la cuarta guerra de Israel con los países árabes y las consecuencias en la economía global desatadas por la reacción de los países árabes de la OPEP.1

En algunos análisis de la economía mundial, el período 1968 -73 constituye una coyuntura de inflexión en la cual el período de expansión que comenzó con la segunda postguerra es reemplazado por un proceso recesivo, caracterizado por una sucesión de crisis en la cual nos encontramos aún. Este cambio global tuvo consecuencias ideológicas difíciles de evaluar, pero a las que deberemos hacer referencia.

Hoy aparece como el cambio más notable en el nivel mundial la desaparición de la Unión Soviética y el llamado campo socialista de Europa. Sin embargo, en el contexto de los años setenta, la llamada “vía chilena al socialismo” y su fracaso al ser truncada por una dictadura militar mereció un lugar en la discusión de los partidos comunistas de Europa Occidental, especialmente los de Italia, Francia y España, que generaron el llamado “Eurocomunismo”. Hay que recordar que la significación del fracaso de la vía pacífica en Chile fue descartada en su relevancia para los proyectos eurocomunistas por el carácter periférico del país, lo cual podía ser reafirmado por la identificación de la dictadura chilena con la tradición latinoamericana de militarismo cavernario. Especialmente en Italia, la idea del “Compromiso Histórico” propuesta por Enrico Berlinguer implicaba un apoyo condicionado al gobierno de la Democracia Cristiana, encabezado más de una vez por Giulio Andreotti.

Esta propuesta de alianza o de apoyo era la que había fracasado en Chile y había provocado que ocurriera el golpe militar. El sentido de la alianza entre comunistas y partidos de centro (socialdemócratas y demócrata cristianos) en Europa era el inverso que en Chile, donde se había tratado de un gobierno de izquierda que sólo pedía a la Democracia Cristiana respetar la Constitución. En Europa esta alianza significaba la subordinación de los Partidos Comunistas a partidos que no se estaban acercando a la izquierda sino, por el contrario, algunos partidos socialistas estaban renunciando al marxismo como fuente de ideas, todo lo cual significaba alejamiento de los comunistas occidentales con respecto a la Unión Soviética.2

El contenido ideológico – programático de las alianzas de partidos revela las relaciones de fuerza, en la que unos se subordinan a otros en la práctica, independientemente de la retórica que se use para justificar los acercamientos entre fuerzas que por sus definiciones mismas no parecen compatibles.

Dadas las características de los procesos desarrollados en Chile bajo la dictadura, casi imperceptiblemente se cuela una teoría conspirativa, que estuvo presente desde antes de ocurrir los hechos3 y que aparece ampliamente documentada4. El problema que aparece es deslindar las responsabilidades, que indudablemente deben ser denunciadas, de las explicaciones de carácter histórico que atribuyen sentido a las acciones y los resultados de ellas. Ambas operaciones en el terreno del conocimiento tienen significación política, presente y futura.

La destrucción de un sistema político democrático que contaba con cuarenta años de funcionamiento regular, que había alcanzado su límite al permitir la elección de un gobierno que se proponía como la segunda vía (pacífica, legal y democrática) al socialismo, requirió de una acumulación de fuerza política que, a través de un conflicto ideológico complejo terminara por legitimar estas acciones, a pesar de su propia pérdida temporal, en tanto componentes centrales del sistema que estaba siendo destruido.

El golpe : punto culminante del enfrentamiento estratégico

El golpe de estado de 1973 en Chile fue el punto culminante de un enfrentamiento estratégico, en el que la clase dominante movilizó todos sus recursos y derrotó al movimiento social y político más importante del siglo XX en el país. La evolución posterior de los actores sociales y políticos es comprensible en términos de una dialéctica de la victoria y la derrota.

Con la ventaja que da la observación de las evoluciones posteriores, hoy podemos revisar la conformación de los bloques que se enfrentaron en Chile entre 1970 y 1973, los resultados de ese enfrentamiento crucial y la conformación del escenario actual a partir de las adaptaciones a la situación que surgió de la dictadura impuesta en el golpe de 1973.

Respecto de lo primero, la conformación de los bloques y las decisiones cruciales, examinaré la evolución de las posiciones de la Democracia Cristiana en dos puntos centrales, la ratificación de los resultados de la elección presidencial por el Congreso Pleno en 1970 y la declaración de ilegalidad de la acción del gobierno en agosto de 1973.

El segundo aspecto, los fenómenos adaptativos de los que resulta la situación actual, será observado a través de las sucesivas derrotas que sufrió el bloque que apoyó al gobierno de Allende en los planos militar, político e ideológico y su progresiva adaptación a la situación de fuerzas definida por la dictadura, hasta culminar en el reemplazo de esta última por los gobiernos de la concertación.

Finalmente, la derrota definitiva de todo lo que significó la experiencia de la Unidad Popular y los tres años del gobierno de Allende, representada por la desnacionalización del cobre y la situación actual de ventajas de las compañías extranjeras que explotan el que alguna vez fue considerado “el salario de Chile”, responsabilidad de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, más que de la misma dictadura militar.

De la oposición a Allende a la refundación del país.

El proceso ideológico de conformación del bloque de apoyo al golpe de estado está constituido por una intensa lucha ideológica que tiene como eje el logro de la subordinación de la Democracia Cristiana, - un partido eje del sistema de partidos existente en Chile -, a una estrategia que implicaba la ruptura del orden constitucional vigente. La adhesión demócrata cristiana al sistema político era no sólo una cuestión de principios sino una cuestión pragmática. La existencia misma de ese partido estaba íntimamente ligada al desarrollo moderno del sistema de partidos políticos chileno desde sus inicios en la década de los treinta del siglo pasado.5

En una revisión rápida, como ésta, en dos puntos resaltan las decisiones de la Democracia Cristiana como apegadas a la institucionalidad y a la realidad político – ideológica vigente en la sociedad en ese momento : primero estuvo su voto en el Congreso Pleno para ratificar a Salvador Allende como triunfador en la elección presidencial de septiembre de 1970, paso necesario debido a que el voto directo no le dio una mayoría absoluta,6 y, segundo, su apoyo a la nacionalización del cobre en 1971.

La ratificación por el Congreso Pleno cuando el candidato ganador en la elección presidencial no alcanzaba la mayoría absoluta era el recurso constitucional normal, que había sido usado en 1952 y en 1958, las elecciones anteriores. En 1964, la elección ganada por la Democracia Cristiana, esto no fue necesario debido a que el apoyo de los partidos de la derecha se volvió hacia el candidato de la DC, ante el temor a un probable triunfo de Salvador Allende.

Desde el punto de vista cuantitativo, el resultado electoral del 4 de septiembre de 1970, con Allende triunfando con poco más de un 36 % de los votos no era inesperado ni inusual dentro del sistema político vigente. Lo que produjo alarma fue el hecho de que la alianza de partidos que lo apoyaba era casi exclusivamente de izquierda, siendo los elementos de centro (Partido Radical y la disidencia demócrata cristiana agrupada en el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU) claramente minoritarios y subordinados a la alianza de comunistas y socialistas.

Por otra parte, el programa de gobierno propuesto por la Unidad Popular, la alianza de partidos que apoyó a Allende y su gobierno, aparecía como más radical que el programa que en 1964, con el mismo candidato, proponía el Frente de Acción Popular (FRAP).

Estas circunstancias (esquemáticamente expuestas aquí) hicieron que la derecha cuestionara prácticamente desde el día siguiente a la elección la legitimidad de un eventual gobierno de Allende para llevar a cabo las transformaciones propuestas en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular. La primera exposición pública de este argumento está contenida en un editorial del diario “El Mercurio”, el vocero más tradicional de la derecha chilena, el 23 de septiembre de 1970, sólo tres semanas después de la elección presidencial, afirmando que era una paradoja el que una democracia sólida permitiera, con menos de un tercio del electorado, dar pie al cambio revolucionario de las instituciones. Este argumento es repetido unos días después, en una entrevista al mismo periódico, por Jaime Castillo Velasco, ideólogo de la Democracia Cristiana.7

Sin embargo, la Democracia Cristiana vaciló debido a la presencia de alternativas que implicaban la interrupción del proceso democrático, que podían ser justificados con la misma argumentación, tales como el denominado “gambito Frei” consistente en elegir en el Congreso Pleno al segundo lugar en la votación directa (al candidato de la derecha, Jorge Alessandri) lo cual, aún con la promesa de éste de renunciar para permitir una nueva elección,8 muy probablemente habría dado lugar a algún nivel de disturbios. Hoy se sabe, gracias a documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que esa no fue la única alternativa de golpe de estado considerada por los ministros del gobierno de la Democracia Cristiana al que sucedería el de la Unidad Popular.9

Finalmente, la Democracia Cristiana apoyó la ratificación del ganador en las elecciones, a cambio de compromisos asumidos por el candidato triunfante, denominados estatuto de garantías democráticas, el cual fue incorporado a la constitución. Este resultado, discutido por la Junta Nacional de la Democracia Cristiana en los primeros días de octubre de 1970, muestra el triunfo de una cultura política, una ideología y un cálculo que resultaban en la idea de la preservación del sistema político y la institucionalidad vigente, a pesar de las percepciones de amenaza a esas misma instituciones por parte de un gobierno apoyado por partidos marxistas.

En el caso de la nacionalización del cobre, la Democracia Cristiana tenía razones para apoyar la idea, puesto que ésta aparecía como una profundización del proceso de “chilenización del cobre” emprendido por el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970). Al margen de los incidentes en las cámaras, la ratificación por el Congreso Pleno de la reforma constitucional que nacionalizó el cobre fue aprobada por unanimidad.10

Los detalles anecdóticos y los accidentes coyunturales de estos hechos pueden ser muchos, pero creo que ambos casos muestran rasgos de la situación y la estructura del sistema político vigente en la época que luego se verán sujetos a transformaciones importantes.

El rol de la Democracia cristiana

La Democracia Cristiana era el eje del sistema de partidos tanto por su posición ideológica central como por su representatividad de clase media. La defensa de esta posición central hacía oscilar las posiciones de sus parlamentarios y, a veces, tensaba la relación con algunos sectores de sus representados, que incluían tanto a sectores empresariales importantes como a clases medias dependientes (empleados) o independientes (comerciantes y pequeños empresarios). Esto era expresión de la compleja relación con el sistema de partidos, en el cual coexistían dos mundos ideológicos distintos. Por una parte, el de las doctrinas de cada partido, que se expresaba en términos universalistas de definición de modelos de sociedad deseable y, por otra, el proyecto nacional concreto en aplicación, en esa época el “desarrollo nacional” entendido como lo proponía la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, con su eje principal en la industrialización del país.11

Esta coincidencia en los fines, que dejaba a la disputa política las cuestiones de métodos, ritmo, velocidad y profundidad de los cambios necesarios, contaba hasta con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de la Alianza Para el Progreso impulsada por la administración Kennedy, de la cual el gobierno demócrata cristiano fue beneficiario y ejemplo representativo propuesto por los mismos estadounidenses.

Las posiciones adoptadas por el Partido Demócrata Cristiano en estos dos casos estaban justificadas por su pertenencia al sistema de partidos vigente y al “proyecto nacional” implícito que constituía la ideología dominante en el sistema. Esto explica no sólo el apoyo de la Democracia Cristiana a la nacionalización del cobre sino el de la derecha misma, donde se encontraban elementos e ideología nacionalista de derecha. La alternativa, el rechazo a los resultados de la elección presidencial, más que el rechazo al proyecto de nacionalización del cobre, implicaba la posibilidad de enfrentar movilizaciones sociales y políticas que, en las condiciones del momento podrían conducir a una ruptura del sistema.

Si la decisión de la Democracia Cristiana se explica por su voluntad e interés en la mantención del sistema político y el orden constitucional, su evolución durante el gobierno de Salvador Allende se debe explicar mostrando cómo derivó hasta apoyar la ruptura del sistema en el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Esta historia es la de la lucha ideológica dentro de la oposición al gobierno de la Unidad Popular y requiere considerar a un conjunto de actores.

En la oposición hay que distinguir a los actores políticos y sus posiciones ideológicas y cómo las correlaciones de fuerzas entre ellas van cambiando y determinando en cada momento cursos de acción posibles y sus límites. Así, el momento de la ratificación de Allende en el Congreso Pleno expresa la prevalencia de la posición favorable a la mantención del sistema político como marco y escenario del conflicto. En esto coinciden las fuerzas de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, aún cuando ambos partidos contienen elementos partidarios del desconocimiento de la mayoría relativa que dio el triunfo a Allende y que busca fórmulas que, ateniéndose a la legislación vigente, eviten la toma de posesión del cargo por parte de éste. Además, ya están en acción fuerzas nacionales y extranjeras que buscan el mismo objetivo al margen de la ley.12

Esta descripción de la situación pone en primer plano el elemento que definirá los acontecimientos de 1973. La supervivencia de un sistema político democrático en términos inusuales en América Latina con cuarenta años de funcionamiento regular y con cuestionamientos esporádicos, pero sin mayores consecuencias, a la legitimidad de los procesos de elección de los mandatarios en todos los niveles.

En las fuerzas que se enfrentaron entre 1970 y 1973 es necesario analizar la composición de los dos grandes bloques, gobierno y oposición con respecto a un punto central : la mantención o la ruptura del sistema político. En el bloque de izquierda, la Unidad Popular, la mantención de la legalidad y del sistema político es un eje central de la estrategia de la vía chilena al socialismo. Esto hace que, particularmente después del triunfo electoral de 1970, la izquierda extraparlamentaria, sobre todo la de inspiración “castrista” en el lenguaje de la época, se vea subordinada a la estrategia exitosa del gobierno de Salvador Allende. En el plano táctico, esta diferencia se expresa en la presión por empujar las reivindicaciones en todos los sectores populares hasta los niveles que tensionan los límites de aplicación del programa de gobierno, incluyendo la búsqueda de modelos de organización y participación alternativos a los definidos legalmente dentro del sistema (partidos políticos y sindicatos).13

En la oposición, en el primer momento, las posiciones se expresaron en la teoría, definiendo la ilegitimidad del gobierno no en términos constitucionales sino cuestionando su autoridad para aplicar su programa de gobierno, a partir de su mayoría relativa y no absoluta en la elección presidencial de 1970. Al mismo tiempo, los sectores extraparlamentarios de derecha entraron en acción a través de la reactivación de elementos ideológicos que permanecían subordinados dentro de los actores integrados al sistema político, particularmente en el Partido Nacional,14 y de intentos varios de crear una derecha extraparlamentaria que activando varios embriones pre existentes floreció en el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad.15

Se puede decir que, en lo que respecta a la mantención o ruptura del sistema institucional, la composición ideológica de los dos bloques, gobierno y oposición eran simétricas. Las diferencias entre ellos surgían de la importancia estratégica que el objetivo que se proponían tenía para cada uno. Como se ha dicho, para el gobierno la institucionalidad era su fuente de legitimidad tanto interna como internacional. La difusión que el intento de transición pacífica alcanzó en el mundo y, particularmente en América Latina, eran un refuerzo de la posición hegemónica dentro del bloque, frente a la posición rupturista, representada principalmente en algunos elementos del Partido Socialista, dentro del bloque, y por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) como principal organización extraparlamentaria de izquierda.

Para la oposición, esta cuestión se abría en dos : como oposición legal, dentro del sistema, se intentaba cuestionar la legalidad de algunas acciones del gobierno mientras, con esta justificación, se promovía la acción de grupos violentos, como el ya mencionado Movimiento Patria y Libertad, y una penetración en el sistema a través de una organización paramilitar de la Juventud del Partido Nacional, el Comando Rolando Matus.

El problema estructural de esta situación era que el gobierno aparecía condenado a actuar a la defensiva en los terrenos de la movilización social y la propaganda, especialmente en los medios de comunicación de masas, entre los cuales la prensa escrita era más importante que lo que podría ser hoy. El campo de iniciativa de la acción del gobierno, en el cual actuó rápido y con éxito, fue la transformación estructural más importante, la nacionalización del cobre así como la redistribución del ingreso a favor de los sectores más pobres.16

Una dinámica de conflicto

La dinámica del conflicto permitió avanzar con gran velocidad a la posición rupturista dentro de la oposición, generando una movilización social en contra del gobierno de sectores altos y medios nunca antes vista (inaugurando una práctica hoy común, los cacerolazos) y activando a gremios empresariales y de profesionistas independientes (colegios profesionales). Las demandas de estos sectores surgían de los efectos de la política económica aplicada que, sumada a acciones francamente conspirativas, producían desabastecimiento de productos básicos. Por otra parte, la minería del cobre nacionalizada fue pasto de la lucha ideológica, donde los sindicatos, dominados por la Democracia Cristiana, se sumaron a la movilización contra el gobierno.

El otro campo de enfrentamiento, en el que el gobierno mantuvo, e incluso aumentó su fuerza, fue el electoral. Este es un terreno resbaloso para la discusión posterior. Si se toma los porcentajes de apoyo electoral como reflejo automático de las posiciones en la sociedad se puede cuestionar la legitimidad de cualquier acción de gobierno. Como se dijo más arriba, la línea propuesta por el diario El Mercurio, desde los días siguientes a la elección de Salvador Allende, era que el tener algo más de un tercio del electorado no lo autorizaba a emprender las transformaciones propuestas en el programa de gobierno. Como este argumento se ha repetido hasta transformarse en una pieza central de análisis y justificaciones de las posiciones adoptadas a lo largo de los años de dictadura y de post dictadura militar, es necesario decir algo sobre las elecciones que tuvieron lugar durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular.

El sistema electoral de la época en Chile establecía que no coincidieran elecciones de distinto nivel. Por esto cada tipo de elección estaba programado para renovar sólo un nivel del aparato institucional. En 1971 se realizó una elección municipal en la que el gobierno superó el 50 % de los votos. En 1973, en marzo, se llevó a cabo una elección parlamentaria en la que se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, en la cual la oposición esperaba obtener resultados que le permitieran deshacerse del ejecutivo por medios constitucionales. En ese caso el gobierno superó el 40 %, con lo cual hacía imposible la destitución por el parlamento del Presidente de la República. Para muchos analistas de entonces y posteriores, este hecho es el que inclinó definitivamente la balanza a favor de un golpe de estado en la oposición.

Estos datos, que pueden suscitar una discusión muy amplia, permiten despejar, al menos en una primera visión el argumento en contra de la legitimidad del gobierno que rezaba que “pretende llevarnos al socialismo con el apoyo de sólo un tercio de la sociedad”. Esto supone una representatividad social automática de los resultados electorales que no se sostiene, dados los cambios señalados y la posible comparación histórica con el desgaste electoral de los gobiernos anteriores.

Este microanálisis de los resultados electorales durante el período 1970 – 1973 es parte de una discusión acerca de la legitimidad del gobierno que, finalmente, culmina con el apoyo de la oposición al golpe de estado del 11 de septiembre. La evolución de las relaciones dentro de la oposición se puede resumir como el paso desde la hegemonía demócrata cristiana, expresada en el apoyo a la conservación del sistema constitucional al momento de ratificar el triunfo electoral de Allende, a la subordinación del Partido Demócrata Cristiano a la decisión de romper el sistema, que originada en los sectores extraparlamentarios de la derecha y en una minoría dentro del Partido Nacional y la misma Democracia Cristiana, pasó a ser dominante en la oposición a través de la movilización de las organizaciones corporativas de clase media, e incluso de sectores de obreros como los mineros del cobre.

En particular, la separación organizativa entre sociedad y élite o gremio político, que caracterizó a la oposición al gobierno de Allende y la Unidad Popular, el paso a primer plano de la ideología “gremialista” de Jaime Guzmán17 y el protagonismo de los gremios empresariales y colegios profesionales, anunciaba el reemplazo de los partidos políticos por otras formas de representación de los intereses corporativos que se sentían afectados por la acción o las perspectivas que abría el programa del gobierno. El paso decisivo fue activar a las fuerzas armadas como aparato de del Estado ante las amenazas a la democracia.18

Todo esto culminó con la declaración de inconstitucionalidad del gobierno, votada en la Cámara de Diputados en agosto de 1973, la cual, por no tener efectos legales constitucionales al no estar entre las atribuciones de la Cámara, expresó claramente la decisión estratégica de la oposición para actuar fuera del sistema legal, y a esta decisión quedó subordinada la Democracia Cristiana. Esta declaración, sin efectos legales ni constitucionales, sí tenía el efecto ideológico de otorgar legitimidad a la intervención militar.

Aparentemente los sectores de la Democracia Cristiana que apoyaron el golpe de estado creían que el orden constitucional sería restaurado una vez que se hubiera eliminado al gobierno de Allende. Esta es la aspiración expresada por “los trece” en su hoy nuevamente renovada declaración de rechazo al golpe de estado.19

Esta declaración ha cobrado importancia hoy, a cuarenta años de su expedición, por razones de muy distinta índole. La principal es que distintos dirigentes de la Democracia Cristiana han solicitado que la “carta de los 13” sea asumida como la posición oficial del partido ante el golpe de estado. Uno de los firmantes de esa declaración, el ex ministro Belisario Velasco, agradeció “los reconocimientos para los 13 dirigentes democratacristianos que dos días después del golpe de Estado de 1973 aparecieron firmando una carta pública de condena al derrocamiento de Salvador Allende”. Y agrega “desde la DC ‘existieron dos declaraciones después del día 11 de septiembre : una de la directiva, que consensuaba con el golpe en cierto modo, y la nuestra, que lo condenaba categóricamente y se inclinaba respetuosa ante el sacrificio que el Presidente Allende hizo de su vida en defensa de la autoridad constitucional”.20

El sucesor de Pinochet fue Patricio Aylwin, líder de la Democracia Cristiana y del sector que apoyó el golpe. Esto ocurrió sólo después de más de dieciséis años de dictadura y en condiciones que transformaron completamente el sistema político.

El país que creó la dictadura.

El hecho que la estrategia de la Unidad Popular amarrara al gobierno a la defensa del orden constitucional, clave de la originalidad de la “vía chilena al socialismo”, como se la denominó en la época, implicó que todas las tendencias ajenas a esta línea quedaran subordinadas ante los éxitos innegables de quienes habían diseñado y dirigido la aplicación de ella. Organizaciones de orientación castrista (en el lenguaje de la época) dentro y fuera de los partidos de la Unidad Popular no tuvieron alternativa a la subordinación a la línea del gobierno, que aunque viera igual que ellos el avance de las tendencias rupturistas y francamente fascistas en la oposición, no podía organizar coherentemente una defensa armada del gobierno. El gobierno y los partidos que lo apoyaban debieron confiar en la disciplina de las fuerzas armadas y en la lealtad de sus comandantes en jefe.21

La historia de la conspiración es conocida y la derrota militar del gobierno y de los escasos focos de resistencia al golpe militar tomó muy poco tiempo. Menos reconocida es la victoria política de la dictadura al imponer la constitución de 1980.

En ese momento la ideología en el campo de las ciencias sociales cuestionaba a los partidos políticos como modelo de organización y promovía el movimiento social como modelo de organización y acción. El hecho de que la dictadura autorizara una manifestación en contra de la propuesta de constitución en la que el orador principal fuera el líder de la Democracia Cristiana Eduardo Frei Montalva parecía ubicar a éste como el principal líder alternativo a la dictadura. Sin embargo, la única manifestación de masas autorizada mostró que la izquierda fuera de la ley estaba viva, aunque fuera en el recuerdo de Allende que al ser vitoreado representaba un reproche a la Democracia Cristiana por su complicidad en el golpe de estado.

Sin embargo, la situación de la oposición era de gran debilidad. El Partido Socialista había sufrido su división más importante en 1979, al separarse las directivas de Carlos Altamirano por un lado y la de Clodomiro Almeyda por otro. Esto, sin contar con desprendimientos menores anteriores y posteriores a ésta, la mayor escisión. De hecho, la Unidad Popular, la alianza de partidos que había sostenido al gobierno de Allende, ya no existía ni siquiera nominalmente. El Frente Antifascista, al que llamaba el Partido Comunista, para agrupar a la Democracia Cristiana con las fuerzas opositoras a la dictadura, nunca llegó a existir realmente. En 1980, una semana antes del plebiscito con el que – a pesar de todas las irregularidades señaladas - Pinochet aprobó su constitución, Luis Corvalán, Secretario General del PC, llamó a la rebelión y poco después apareció el aparato armado denominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

La misma Democracia Cristiana, el partido eje del sistema de partidos anterior a 1973, comenzó a ser hostigado por la dictadura, primero por decreto que ordenaba la disolución de todos los partidos políticos y, luego, algunos de sus dirigentes, - más allá incluso de los 13 que habían firmado la declaración que rechazaba el golpe - , habían sido empujados al exilio.

La imposición de la nueva constitución en un plebiscito plagado de irregularidades, desde no contar con registro previo de votantes, mostró la futilidad de los empeños opositores basados en meras supervivencias de los actores políticos que habían sido importantes en el sistema que la dictadura se había propuesto destruir, eliminando hasta la significación social de los individuos que participaban en él (los “señores políticos”, como los denominaba peyorativamente Pinochet).

El temor a estos políticos, - y a su influencia- por parte de Pinochet quedaría demostrado por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, muy probablemente realizado por los servicios de inteligencia de la dictadura poco más de un año después del plebiscito.

Se puede decir que como siempre, la historia no responde a los temores ni a los deseos de los actores. La crisis económica de los primeros años ochenta provocó una movilización social en la que, si bien los líderes tenían afiliación partidaria conocida, los partidos políticos no podían ni organizar ni controlar la participación de una sociedad que se enfrentaba a una dictadura intolerable.

La reconstruccion de una elite

La presión de la sociedad hizo que hasta los sectores de apoyo a la dictadura buscaran reorganizarse como partidos políticos. Esto significó una reconstrucción de la élite, o más bien del gremio político, que para la dictadura significaba crear válvulas de descompresión y para la oposición el obtener alguna seguridad (siempre relativa) y legitimidad para actuar públicamente.

Las relaciones entre los actores sociales y políticos no se resuelven sólo con la comparación de propuestas de los actores políticos que compiten por el apoyo social, sino también por la factibilidad que presentan las propuestas. En esto es donde las relaciones entre los actores políticos constituyen un sistema que es sensible en mayor o menor medida a las demandas de actores sociales cuyas características ideológicas y organizativas, a su vez, pueden o no expresarse en un lenguaje ideológico semejante al de los actores políticos. El que los actores políticos se reconozcan entre sí permite las alianzas y combinaciones que representan acumulaciones de fuerza simbólica que dan factibilidad a los programas políticos en la medida que sus propuestas van expresando un “sentido común”.

Esta es la importancia que tiene lo que llamo la tercera derrota de la izquierda chilena, la derrota ideológica. Ésta está constituida por la adopción por parte de cuadros políticos e ideológicos de versiones de la historia vivida que parece dictada por los vencedores. Que la historia la escriben los vencedores es un lugar común. La derrota verdadera es la que los vencidos muestran al contar su propia historia en términos de lo que los vencedores dicen de la confrontación crucial.

Esto es lo que ocurrió en Chile cuando una parte de los intelectuales y los políticos reactivados en los años ochenta comenzaron a revisar la historia de la Unidad Popular en términos dictados por la oposición al gobierno de Allende. Tomás Moulian, destacado científico social chileno, declaró que “Sobre todo, entendemos que Allende fracasó en su premisa básica. Pensó que Chile podía ser llevado al socialismo con el apoyo de solamente 30 por ciento de la población. Ahora entendemos que ningún programa político puede tener éxito a menos que una mayoría de chilenos lo apoye”.22 (Posteriormente, en 2005, Moulian fue precandidato del Partido Comunista a la Presidencia de la República dentro del pacto “Juntos podemos más”).

Estas declaraciones, hechas en el contexto de las protestas del año 1983 resultan particularmente significativas. El nuevo “sentido común”, de una parte de la izquierda, lo que expresa es el reflejo de la desaparición de la Unidad Popular y su proyecto como alianza de partidos. Recoge la visión ya expresada durante el gobierno de Allende por El Mercurio como vocero de la oposición23 pero, quizás lo más importante, separa a Allende el líder y su acción de Allende el mártir.24

La acumulación de fuerza social a través de las jornadas de protesta mostró varias características que indicaban cambios en la estructura de la representación política. La más importante era la debilidad de los partidos políticos al no poder controlar el movimiento de protesta ni arrogarse la representación de éste en sus negociaciones con los políticos de derecha, reactivados con esos fines por la dictadura. Por otra parte, la fragmentación de los partidos de la izquierda hacía imposible adoptar posiciones coherentes como oposición más o menos unida frente al gobierno.

Los fenómenos que confluyeron para el resultado que se dio son complejos. Pero algunos son claros. La desideologización de los partidos, cuya adhesión a doctrinas universalistas y propuestas de organización de la sociedad era una característica notable del sistema y de la cultura política existentes en Chile hasta 1973, produjo varios síntomas perceptibles : primero, la creación de los “partidos instrumentales”, Partido Por la Democracia (PPD), cuya capacidad de adaptación le ha permitido continuar hasta hoy siendo un actor relevante, seguido por el fracaso de las organizaciones que apostaron a reflejar el movimiento social (por razones doctrinarias o por cálculo oportunista) como el Partido Amplio de la Izquierda Socialista (PAIS).

La reunificación del Partido Socialista debió hacer espacio para todo tipo de elementos ajenos que veían en él su oportunidad de reincorporarse a la profesión política a través de una organización que garantizaba presencia y continuidad simbólica. Así de los cinco partidos de nombre o raíz socialista que figuraban entre los 16 partidos que el 2 de febrero de 1988 conformaron la Concertación de Partidos por el NO (en el plebiscito de octubre de ese año), quedó sólo uno, propietario del registro oficial.

La desideologización de los partidos y la separación de éstos con respecto al movimiento social sirvieron de justificación para que la Concertación de Partidos Por la Democracia, sucesora de la concertación por el NO en el plebiscito de 1988, gobernara Chile entre 1999 y 2010 sin cambiar las piezas centrales del sistema político diseñado en la Constitución de 1980, bajo la inspiración de Jaime Guzmán, y sus políticas de desarrollo consistieran en la continuación de lo impuesto durante la dictadura, concreción ejemplar del llamado “Consenso de Washington”.

Esto último se refleja, quizás más que en cualquier otro aspecto, en lo que ocurrió con la minería del cobre, cuya nacionalización constituyó el logró más emblemático del gobierno de Allende y la Unidad Popular, al punto que para algunos fue un elemento determinante en la decisión del gobierno de Nixon de derrocar al presidente de Chile.

La nacionalización del cobre fue notable por muchas razones. La primera de ellas el triunfo ideológico que significó la aprobación por unanimidad en el Congreso Pleno de la reforma a la Constitución que hizo posible la nacionalización. En segundo lugar, el tratamiento a las compañías que explotaban el cobre chileno al fijar el monto de las indemnizaciones, deduciendo lo que se consideró rentabilidad excesiva, que constituyó lo que se llegó a conocer como “Doctrina Allende”.

Estos hechos pueden ser considerados como indicación de la existencia de una ideología del desarrollo nacional que lograba imponerse a las ideologías de principios generales de los partidos. En las décadas de los sesenta y setenta, la acción de las empresas que explotaban las riquezas naturales de los países periféricos había sido una preocupación generalizada.

El 14 de diciembre de 1962, la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1803 denominada “Sobre la Soberanía Permanente de los Recursos Naturales”, que reconoce

“el derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas naturales en conformidad a sus intereses nacionales y en el respeto a la independencia económica de los Estados”.

La misma resolución declara que :

“la nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad y de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero”.

La pérdida de importancia de estas cuestiones en el mundo ideológico que se estaba imponiendo hasta culminar en el “Consenso de Washington”, se puede observar en la carencia de solidaridad, que llega hasta la crítica explícita, entre los gobiernos latinoamericanos cuando alguno de ellos nacionaliza las empresas que explotan algún recurso natural.

La desnacionalización del cobre en Chile se hizo posible a través de un proceso que resulta complejo precisamente por sus connotaciones ideológicas. Según algunos, al terminar la dictadura, en 1990, la propiedad estatal del cobre todavía alcanzaba al 93 % de la producción y en veinte años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, el 72 % de la producción de cobre pasó a manos de empresas extranjeras.25

“De hecho, las grandes mineras privadas se han apropiado en cada uno de los últimos siete años de excedentes del mismo orden de magnitud que el total de sus inversiones precedentes. En otras palabras, han recuperado sus inversiones siete veces en este período, sin considerar los excedentes retirados en años anteriores.”26

¿Cómo se pasó del consenso nacionalizador de 1971 a aceptar esta nueva situación ?

En la estructuración, desestructuración y reestructuración de bloques políticos, se puede observar la subordinación de unas fuerzas a otras y la priorización de temas en función de las coyunturas. Así, el bloque de apoyo al golpe de estado y a la ruptura del sistema político, incluyó a la Democracia Cristiana, que suponía un restablecimiento del sistema a corto plazo, contando con ser la fuerza eje de la reconstitución del sistema de partidos. Su cálculo se cumplió, pero no en los plazos que suponían. Sólo más de dieciséis años después del golpe de estado Patricio Aylwin reemplazó a Pinochet. En lo inmediato, entre 1973 y 1974, la Democracia Cristiana se vio desplazada del bloque golpista al declararse en marzo de 1974, en la Declaración de Principios, que el propósito del golpe no había sido restaurar el sistema político sino reemplazarlo.27

EL sistema político fue rediseñado en la Constitución de 1980, pero el modelo de desarrollo económico fue cambiado durante la década de los setenta. Los conflictos a los que dio lugar este cambio se dieron de manera sorda entre los sectores de interés y las tendencias ideológicas que habían apoyado el golpe de estado, puesto que los partidos políticos estaban fuera de la ley o en receso.

“La alianza entre los economistas de Chicago y los gremialistas (liderados por Jaime Guzmán) se enfrentaba todavía a alternativas para consolidarse como el proyecto de los militares ; por una parte, en el terreno ideológico, los nacionalistas eran influyentes en un sentido difuso entre los militares, pero Pinochet los consideraba cuando pensaba en un movimiento cívico-militar que reemplazara a los partidos ; por otra parte, la ambigüedad de los democratacristianos hacía que permanecieran todavía en contacto con la dictadura algunos cuadros técnicos de ese partido y que algunos oficiales, particularmente generales, recordaran todavía su simpatía por ellos. Esto desató una lucha sorda de conspiradores que acusaban a otros de conspiración, pero cuya resolución iba siendo conocida por el terreno que una y otra posición perdía o ganaba.”28

En 1974, se dictó un decreto ley, el N° 600, “Estatuto de la inversión extranjera”, que, exactamente tres años después de la nacionalización del cobre, establecía limitaciones a la inversión extranjera en “aquellas áreas reservadas por ley a la inversión nacional”.

De acuerdo con Alcayaga, “No es, entonces, el DL 600 original el culpable de las exacciones que han ocurrido posteriormente, sino el DL1.784 de 1977, que reemplaza completamente al DL 600, más otras modificaciones que se efectuaron posteriormente, tales como la ley N° 18.474, del 31 de noviembre de 1985 y la ley 19,207, de 1993, bajo el gobierno de Patricio Aylwin.”29

Este autor, reseña algunos de los conflictos ideológicos que rodearon la evolución de la legislación chilena que revirtió la conquista más emblemática del gobierno de Allende, la nacionalización del cobre, y la aplicación de la llamada “doctrina Allende”. Para lograr estos cambios en la legislación, se tuvo que rechazar la posición de nacionalistas que habían impedido la incorporación a la constitución de 1980 de disposiciones que permitirían esta desnacionalización a través de la oposición de generales del ejército, Frez y Danús, pero que en 1982 y 1983 no pudieron impedir la dictación de la ley 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, y del Código de Minería a los que se oponían nacionalistas como Pablo Rodríguez Grez, golpista y partidario de la dictadura de cuya adhesión a ésta nadie podría dudar.30

La manera en que ocurrió la subordinación al capitalismo transnacional muestra la impotencia ideológica de todas las fuerzas que en 1971 apoyaron la nacionalización del cobre, empezando por la izquierda derrotada, pero incluyendo a los democratacristianos como Tomic, que también se opuso a la ley de 1983 y, por último, a los nacionalistas, dentro del bloque golpista y partidario de la dictadura.

Conclusiones

El análisis de lo ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973, con la ventaja del tiempo transcurrido, permite establecer que, con la carga simbólica que tenía el intento de transición pacífica al socialismo, a través de una política nacional de desarrollo, más, por un lado, la heroica resistencia del Presidente de la República y su inmolación, y por el otro, brutalidad de la represión a sus partidarios que emprendió la dictadura militar, hacen de éste un episodio de gran notoriedad y resonancia internacional dentro del marco del proceso de reversión de todas las tendencias que caracterizaron a la economía mundial en el período iniciado en la segunda postguerra.

Chile, para bien o para mal ha sido y es un caso particular, que por sus características históricas asume el papel de ejemplo de experimentos económicos y sociales. Sin embargo, las luchas ideológicas dentro del país no son analizadas con la misma atención que se presta a los programas que se aplican. Éstos se presentan como producto de un sentido común político, cuyo origen no se atribuye a conflictos en los que es construido a través de la subordinación de fuerzas políticas que se arrogan una representación de la sociedad. Esta representatividad es la que en cada período debe ser establecida y validada.

Que hoy la figura de Allende sea la de un mártir y no la de un líder. Que su principal logro como presidente, la nacionalización del cobre a través de un consenso nacional, haya sido revertido con anuencia, cuando no apoyo de políticos de derecha, centro e izquierda que lo sobrevivieron pero que en su tiempo apoyaron esa nacionalización, son todos hechos acerca de los cuales se busca establecer responsabilidades morales o que se citan fuera de todo contexto como consignas si es que se considera que pueden tener resonancia en el actual “mercado electoral”.

El mundo que hizo posible al Chile de Allende y la Unidad Popular, ideológicamente, ya no existe. Hay una gran distancia entre la política actual, especialmente entre el gremio que constituyen su actores principales (partidos y políticos profesionales) y la sociedad. Las ideas han sido reducidas a imágenes con las que se trafica publicitariamente y las demandas de la sociedad se ven en la movilización de sectores sociales que no encuentran respuestas dentro del modelo político prevaleciente.

1  La Guerra de Yom Kippur estalló menos de un mes después del Golpe de Estado en Chile.

2  El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, renunció al marxismo en 1979. El partido Comunista Italiano, liderado por Achille Occhetto, renunció al marxismo y se autodisolvió en 1991.

3  Es interesante releer hoy el discurso pronunciado por Carlos Altamirano, a la sazón Secretario General del Partido Socialista de Chile, el domingo 9 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile.

4  “Acta de la reunión que sostuvo la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril con el Presidente del Senado Eduardo Frei Montalva, levantada ese mismo día por el abogado Rafael Rivera Sanhueza, entonces secretario de la directiva de esa sociedad.” (6 de julio de 1973). http://www.josepinera.com/chile/chile_actarivera.htm

5  Yocelevzky, Ricardo, La Democracia Cristiana Chilena y el gobierno de Eduardo Frei. 12964 -1970. UAM-Xochimilco, México, D. F., 1988.

6  Constitución Política de la República de Chile (1925).

7  El Mercurio, Santiago, 27 de septiembre de 1970.

8  Propuesta hecha pública por el mismo Jorge Alessandri el 9 de septiembre de 1970.

9  Sobre todos los proyectos de interrupción del proceso democrático acerca de los cuales la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica mantenía informado a su gobierno es muy ilustrativo el artículo de Sebastián Hurtado Torres, “El golpe que no fue. Eduardo Frei, la Democracia Cristiana, y la elección presidencial de 1970” en Estudios Públicos, 129, verano 2013, pp. 105 – 140.

10  Faúndez, Julio: “A Decision Without A Strategy: Excess Profits in the Nationalisation of Copper in Chile”, en Julio Faúndez y Sol Picciotto (editors), The Nationalisation of Multinationals in Peripheral Economies. The Macmillan Press Ltd., Londres, 1978

11  Ver Yocelevzky, op. cit.

12  Ver el artículo de Hurtado ya citado.

13  Por ejemplo los “Cordones industriales” y los “Consejos campesinos”.

14  Por ejemplo los “Comandos Rolando Matus” en la Juventud del Partido Nacional.

15  Ver las declaraciones, con ocasión de los cuarenta años del golpe de estado, de Roberto Thieme, dirigente de Patria y Libertad, tanto en televisión como a Radio Cooperativa.

16  Fernando Cortés y Ricardo Yocelevzky, “La distribución del ingreso en el gobierno de la Unidad Popular (1970 – 1972)”, Demografía y Economía, El Colegio de México, México, D. F., Vol. XIV, N°3 (43), 1980.

17  Sin duda el principal ideólogo de la dictadura. Una nota sintética acerca de él, con referencias a la literatura acerca de su persona, cuyo autor es Carlos Peña, apareció en El Mercurio del 4 de septiembre de 2013. Llama la atención que esta nota de un colaborador regular del periódico haya sido publicada en la sección de Cartas.

18  Ver el “Acta…” citada en la nota 5, más arriba.

19  Sobre las condiciones de la redacción y difusión de esa declaración ver la carta de la periodista María Teresa Larraín al diario La Tercera el 18 de agosto de 2013. La declaración de los trece había sido republicada en 2009 como homenaje con ocasión de la muerte de uno sus firmantes, Claudio Huepe. The Clinic, 12 de mayo de 2009. www.theclinic.cl

20  Declaraciones a Radio Cooperativa el 14 de agosto de 2013. www.cooperativa.cl y en el diario La Tercera del 24 de agosto de 2013.

21  Las complejidades de esta situación y los primeros análisis después del golpe están revisados por Julio Faúndez en “The Chilean Road To Socialism: Problems of Interpretation”, en The Political Quarterly, Vol. 46, N° 3, July-September 1975, Londres, pp. 310 -325.

22  Diario Excelsior, México, D.F., 25 de septiembre de 1983, p. 31.

23  Ver más arriba en las páginas 6 -7y la nota al pié 8.

24  La persistencia de esta visión, a pesar de sus inconsistencias está reflejada en la entrevista a Óscar Guillermo Garretón, Líder de una fracción del MAPU y subsecretario en el gobierno de Allende publicada en el diario El Universal de México el 8 de septiembre de 2013.

25  Ruz, Gustavo, Coordinador del Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile. Publicado en Tiempo Argentino, 16 de marzo de 2013.

26  Palma, Gabriel, “¿Y dónde fueron a parar los excedentes del boom el cobre? CIPER, 16 de abril de 2013.

27  CHILE, Declaración de Principios del Gobierno de Chile, Talleres de la Editora Nacional Gabriela Mistral, marzo de 1974.

28  Yocelevzky, Ricardo, Chile: partidos políticos, democracia y dictadura 1970 – 1990. Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2002, p.129.

29  Alcayaga Olivares, Julián, Manual del defensor del cobre, Ediciones Tierra Mía, Santiago de Chile, 2005, p.60.

30  Ibid, p.61.